“Ley Mordaza” se resolvería en el Tribunal Constitucional todavía en octubre
“Ley Mordaza” se resolvería en el Tribunal Constitucional todavía en octubre

El proceso que puede dejar sin efecto la ley que el último jueves aprobó por insistencia el Congreso, para prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados, podría culminar en octubre, adelantó ayer el presidente del , Ernesto Blume.

El magistrado explicó que el plazo en estos casos oscila entre tres y cuatro meses como máximo, porque el procesamiento de las acciones de inconstitucionalidad se cuenta solo en días hábiles; sin sábados, domingos ni feriados.

De esta forma se prevé que una vez que el Ejecutivo, la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) o un gremio periodístico presente la demanda de inconstitucionalidad anunciada, el TC tendrá un primer plazo de diez días para evaluar su admisibilidad.

En declaraciones a Andina, Blume detalló que si el documento tiene un error, debe ser devuelto para su subsanación. Luego, una vez aceptada la petición, el  será notificado para que, en 30 días, envíe una respuesta con su descargo.

ACUMULACIÓN

El titular del máximo órgano constitucional precisó que, de presentarse más de una acción ante su fuero, acumularán los expedientes para agilizar su revisión y pronunciamiento final.

Así, al tener una respuesta del Legislativo, los magistrados convocarán a una audiencia para escuchar a las partes. La decisión final podría conocerse en el mismo plenario o, si no se llega a un consenso, dejarse al voto.

Hasta el momento, la bancada de PPK, el Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú (SNRTV) han anunciado que irán al TC.

ESTRATEGIA

El Consejo de Ministros, por ejemplo, esta semana definirá la estrategia legal para dejar sin efecto la norma conocida como “Ley Mordaza”, que hasta ayer no entraba en vigencia porque faltaba su publicación en El Peruano.

Como se sabe, la ley fue impulsada por el aprista  y fue aprobada con los votos de Fuerza Popular. El argumento ante el TC será que esta norma afecta el derecho de la población de estar informada sobre las acciones del Estado.