La Ley 31751, más conocida como la “Ley Soto” –en relación al congresista que la impulsó–, fue declarada constitucional.La decisión fue adoptada por el Tribunal Constitucional (TC), quien zanjó el debate sobre la aplicación de la norma a casi tres años de su entrada en vigencia.

Detalles

La ley en mención fue promovida por el congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso). Esta establece que la suspensión de la prescripción de un proceso penal solo podrá acatarse por un año.

¿Qué pasaba antes? El plazo de suspensión era equivalente a la pena máxima del delito más una mitad pero ahora, se reduce, drásticamente, a un año.

La norma entró en vigencia en mayo del 2023. Pocos días después, ostentosamente, Soto solicitó el archivamiento de un proceso en su contra amparándose en la misma ley.

Unos meses más tarde, en noviembre, la Corte Suprema del Poder Judicial declaró inconstitucional la ley mediante el Acuerdo Plenario 05-2023/CIJ-112.

Desde ese entonces, quedó a discrecionalidad de los magistrados. Ahora, el TC sostiene que “no resulta compatible con la Constitución” la actuación de la Corte Suprema.

“La inaplicación de una norma, ya que equivale a pronunciarse sobre su inconstitucionalidad, (es una) atribución que se encuentra reservada al TC mediante la acción de inconstitucionalidad”, puntualizó.

Además, indicó que no se puede mantener la suspensión de una prescripción de forma indeterminada, pues “vulnera el derecho al plazo razonable del proceso”.

“Esta regla no resulta aplicable cuando se trata de delitos imprenoscriptibles (...) Asimismo, en algunos supuestos penales es posible duplicar el plazo de prescripción”, acotó.