Con una sonrisa dibujada en el rostro, Keiko Fujimori enseñó orgullosa el último viernes el “hábeas corpus de la libertad” que presentó en busca de la excarcelación de su padre, Alberto Fujimori.

Pese a que es la quinta vez que se intenta liberar al expresidente mediante esta vía, la lideresa de Fuerza Popular, según manifestó a través de su cuenta en Twitter, mantiene “la esperanza de que se hará justicia”.

Este ánimo es compartido por su abogada, Liza Ramos Dávila, encargada de la defensa del recurso legal para anular la sentencia de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, así como secuestro agravado.

En diálogo con el programa televisivo Beto a Saber, la letrada consideró que este hábeas corpus, “a diferencia de otros recursos presentados en el pasado”, “es el inicio del camino de la libertad del expresidente Fujimori”.

ARGUMENTOS. De acuerdo con el documento petitorio, suscrito por Keiko Fujimori y Liza Ramos, la Corte Suprema vulneró los “derechos constitucionales” del exjefe de Estado tras fallar en primera y segunda instancia en su contra en el año 2009.

Ello fue argumentado por Ramos Dávila, quien denunció que Fujimori Fujimori fue declarado autor mediato de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) solo por su calidad de presidente de ese entonces.

“Se dice que toda la línea de mando tenía que haber sabido. Nosotros hemos cuestionado que no hay un hecho imputado al expresidente ni tampoco una conexión para imputar la denominada autoría mediata”, precisó.

Para ejemplificar su postura, añadió: “Si alguien comete un robo usando un vehículo, yo no tengo que probar quién es el dueño del vehículo, sino quién cometió el robo”.

En otra de sus sustentaciones, la abogada precisó que las retenciones del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer (en el año 1992, tras el autogolpe de Estado) no configuran secuestro agravado porque no se registraron “torturas”, sino que, remarcó, incluso se les compró unos sánguches.

En tal sentido, sindicó como responsable de este hecho al general EP (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, exjefe de las Fuerzas Armadas. “Alberto Fujimori fue condenado a través de teorías, no de pruebas”, cuestionó.

Asimismo, Ramos Dávila hizo mención a los correos electrónicos de consulta intercambiados entre el vocal supremo César San Martín, entonces a cargo del juicio de Fujimori, y juristas españoles.

“Los correos electrónicos se enviaron trece meses antes de la sentencia contra Alberto Fujimori. (...) Ya se venía buscando una teoría que sea útil para el tema”, reprochó en referencia a la figura legal de la autoría mediata.

Por último, puntualizó que el padre de Keiko Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad. “Fujimori no fue extraditado, acusado o investigado por delitos de lesa humanidad”, subrayó.

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