Un operativo inopinado se realizó la madrugada de este viernes en el penal de Lurigancho, donde autoridades del Ejecutivo, junto a más de 300 agentes penitenciarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), ejecutaron una intervención de control que permitió incautar diversos objetos prohibidos al interior del establecimiento.

La acción estuvo dirigida a más de 650 internos del pabellón 4 y fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, como parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad y el principio de autoridad en los centros penitenciarios del país.

Durante la intervención, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con apoyo de la Unidad Canina especializada en detección de drogas, halló artefactos eléctricos y objetos no autorizados, entre ellos televisores, ventiladores, amplificadores de sonido, reproductores de DVD, mesas de billar, extensiones eléctricas y tomacorrientes. También se encontró una imagen asociada a la denominada Santa Muerte.

Asimismo, se decomisaron teléfonos celulares y libretas con números telefónicos, que serían utilizados para realizar comunicaciones prohibidas desde el interior del penal, una de las principales preocupaciones de las autoridades penitenciarias.

El titular del Minjusdh recordó que el penal de Lurigancho alberga a más de 10 mil internos, por ello exigió una supervisión constante y acciones firmes para evitar que los establecimientos penitenciarios sean utilizados como centros de operación delictiva.

“Las acciones que realizamos en los penales son fundamentales para mantener el principio de autoridad y colaborar con la lucha contra la inseguridad ciudadana”, señaló el ministro.

En esa línea, explicó que la política penitenciaria del Gobierno apunta a debilitar la influencia del crimen organizado dentro de los centros de reclusión, especialmente en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Como parte de esta estrategia, se viene separando a los líderes de organizaciones criminales de los internos primarios, mediante su traslado a penales de máxima seguridad como Ancón I, Challapalca y Cochamarca.

“Los establecimientos penitenciarios van a dejar de ser escuelas del delito”, enfatizó el ministro Martínez.