El lunes o martes el Poder Judicial resolverá la situación legal de la ex primera dama Nadine Heredia, el expresidente Ollanta Humala y sus coprocesados, para quienes el Ministerio Público solicitó que no abandonen el país sin un permiso del juzgado que los procesa por el delito de lavado de activos.

Como se recuerda, la Segunda Sala de Apelaciones resolvió que Heredia tiene derecho a trabajar fuera o dentro del Perú. Esto luego de conocerse que laboraría como directora de enlace de Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

LAS PARTES. En audiencia pública, el fiscal especializado en delitos de lavado de activos, Germán Juárez, pidió que se varíe la comparecencia restringida de Heredia y se ordene que no cambie de domicilio o abandone el país sin autorización judicial.

La misma medida se pidió para Rocío Calderón, Antonia Alarcón, Ilan Heredia y Julio Torres Aliaga, todo ellos procesados junto a Heredia y el expresidente Humala por haber recibido dinero presuntamente ilícito de Venezuela y Brasil.

Actualmente, todos ellos solo están obligados a informar al juzgado si deciden variar de domicilio.

“No se debe permitir, señor juez, que ante una medida coercitiva, que es menos gravosa que una prisión preventiva, se le permita al procesado que solo informe o diga al señor juez: ‘Mañana me voy a Suiza, chau, bye y se acabó el asunto’. Eso no se debe permitir porque es una falta de respeto a la autoridad, sobre todo cuando existe una investigación de naturaleza gravosa como es el lavado de activos”, explicó el fiscal.

En ese contexto, Juárez aclaró que el Tribunal Superior solo resolvió que Heredia Alarcón tiene el derecho a trabajar.

Reiteró que su pedido no está restringiendo la libertad de la procesada Heredia Alarcón y, por el contrario, es una medida de aseguramiento de los procesados, sobre todo cuando Suiza está por enviar información importante sobre dos cuentas: en el Bekb (Banco del Cantón de Berna) y el Post Finance.

Esta variación, sustentó Juárez Atoche, sirve para asegurar la presencia de los procesados en la investigación, “evitando la posibilidad de fuga” y la imposición de medidas más graves, como el impedimento de salida del país.

HAY PRESIONES. A su turno, el abogado Eduardo Roy Gates rechazó el pedido del fiscal argumentando que quiere modificar lo dispuesto por la Sala, dándole una nueva interpretación.

“La Sala ya emitió una decisión en el sentido de que el derecho fundamental de la señora Nadine Heredia no puede ser sacrificado en la medida que ella cumpla con las medidas de conducta, consistente en efectuar el registro de control biométrico cada 30 días”, explicó.

Asimismo, pidió que el caso se resuelva sin presiones, sobre todo políticas. “Yo espero que esas apreciaciones políticas no sigan presionando, porque es evidente que ha habido una presión. Y el que diga que en este caso no hay presiones políticas, está mintiendo. Desde un inicio ha habido presiones políticas”, remarcó.