“No se permitirá la presencia de ministros o representantes del gobierno ilegítimo de (Dina) Boluarte (...) Todo policía o militar infiltrado será capturado y ajusticiado”, es la advertencia -que linda con el delito- leída en uno de los comunicados de los promotores del nuevo paro regional indefinido, que se iniciará mañana.

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Con ese tono beligerante, 70 dirigentes de la Macrorregión del Sur del Perú -que comprende a siete regiones- anuncian una protesta indefinida para exigir cuatro puntos: la renuncia de la presidenta Boluarte, la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso e, incluso, la libertad del golpista Pedro Castillo Terrones.

Ante estas amenazas que pueden poner en peligro la propiedad pública y privada y la paralización de diversos rubros claves como el transporte, conviene recordar que existe normativa que penaliza estos actos ilícitos.

El 15 de diciembre del 2022, la Fiscalía de la Nación dispuso, a través de la Resolución Nº 2673-2022 MP-FN, que las fiscalías provinciales especializadas contra la criminalidad organizada puedan intervenir de forma inmediata y realizar diligencias urgentes por delitos que puedan cometerse “en el marco de las manifestaciones que se vienen realizando en el país”.

“(…) y en caso que los delitos materia de intervención no se encuentren en el ámbito de su competencia material, podrán derivar de manera directa la continuación de la investigación a la fiscalía provincial directiva”, señala el documento que lleva la firma de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

Ese día, la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro dio cuenta de las disposiciones emitidas de la Fiscalía de la Nación en torno a las manifestaciones que puedan incurrir en actos delictivos.

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SIGNIFICADO. En diálogo con Correo, el exdirector general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha explicó que la resolución de la Fiscalía otorga facultades para disponer de detenciones preliminares hasta por 15 días.

“De esta manera, todo aquel que participe en actos vandálicos, que atente contra propiedades públicas o privadas o bloquee carreteras puede ser detenido hasta por 15 días”, explicó Pérez Rocha.

Al término de ese plazo, la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva y continuar las pesquisas por estos actos vandálicos.

Añadió que la PNP está facultada para utilizar armas disuasivas en caso las protestas, previstas para mañana, degeneren en actos violentos que pongan en peligro la vida de los efectivos policiales.

PENAS. Según el Código Penal (artículo 200), la toma de locales, obstaculizar vías de comunicación, impedir el libre tránsito o perturbar el funcionamiento de servicios públicos para obtener de las autoridades beneficios o ventajas está penado con 5 a 10 años de prisión.

Asimismo, si el vándalo atenta contra instalaciones destinadas a servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones o de transportes destinados al uso público recibirá una sanción de 6 a 10 años (artículo 281).

Por último, quienes impidan o entorpezcan el normal funcionamiento de los servicios de transporte, comunicación, provisión de agua, electricidad o hidrocarburos recibirán una pena entre 4 a 6 años (artícuño 283).