El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, indicó que no era su responsabilidad dar a conocer de las contrataciones que tuvieron miembros de su familia en el momento en el que fue parte del Parlamento entre los años 2011 y 2016, ya que, según su parecer, quienes tienen que hacer cumplir la norma que no permite que los parientes de un parlamentario sean contratados por el Estado, son los mismos familiares.

“[¿Por qué no tomaron precauciones sobre la ley que impide contratos con familiares?] Yo no tengo que cumplirla, pero en este caso, quien tiene que cumplirla son los familiares. Yo soy un congresista y no estoy cometiendo ningún error, ninguna falta”, indicó en declaraciones a RPP.

El programa “Punto Final” reveló este domingo que los hermanos del titular del Parlamento, Marco Antonio Merino y Elba Merino, así como su madre, Elba de Lama, fueron contratistas del Estado entre los años 2011 y 2016, cuando cumplía la función de congresista.

La empresa de Marco Antonio Merino, “San Joaquín Servicios Múltiples”, fue proveedora y recibió S/ 100.991 entre los cinco años arriba mencionados, mientras que Elba Merino contrató por S/63.500 por servicios de arquitectura al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y para el Ministerio de Vivienda, así como para la Municipalidad de Ramón Castilla.

La madre de Manuel Merino, Elba de Lama, alquiló una oficina al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) por un monto total de S/ 37.200.

“No he tenido ningún tipo de injerencia. Sí, es cierto que hay una limitante, naturalmente quien tiene que responder son ellos (los familiares) porque a ellos les corresponde. Pero debo precisar que no hubo uso de influencia, no es que un congresista llamó para que ellos puedan ejercer un cargo”, manifestó Manuel Merino.

El titular del Congreso justificó la omisión de haber dado esta información hasta ahora porque, según aseguró, “nunca supo” qué trabajos estaban haciendo sus hermanos.

“Yo nunca he sabido, cada uno es independiente, con su vida. No puedo estar preguntándole a ellos cómo ganan su plata [...] Ellos son los que han hecho la contratación, no Manuel Merino. No podría. Tengo 6 hermanos, cada uno ha hecho su vida”, añadió.

El presidente del Congreso acusó la difusión de esta información como un intento de usar un tema repetido para afectar su imagen, y negó que la denuncia pueda ser pasible de ser evaluada en la Comisión de Ética o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “El caso mío no corresponde a Ética. Nosotros ya hemos sometidos (a investigaciones). Este es un refrito”, aseguró.

Por último, Merino de Lama ratificó en su respaldo a la ley que exime a los parlamentarios de presentar la Declaración Jurada de Intereses como el resto de funcionarios, para que lo hagan ante la Contraloría General de la República.

“[¿Cuántos congresistas la han presentado?] Todos somos conscientes que el Congreso, cuando inició funciones, entramos en cuarentena y uno tiene que entrar a registros públicos para saber las propiedades”, señaló.