La excongresista María Cordero, investigada por presunta “mochasueldos” –delito de concusión–, ha solicitado al Poder Judicial (PJ) la “nulidad absoluta de todo lo actuado en etapa preparatoria” y “retrotraer” el caso hasta etapa parlamentaria.

De acuerdo con su pretensión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso debe elaborar un nuevo informe final que “excluya 72 elementos de convicción” comprendidos en el documento original, por “graves vicios incurridos en el trámite parlamentario”.

La decisión está en manos del juez Juan Carlos Checkley, quien evaluará la solicitud este martes 31 de marzo, a las 11:00 a.m.

Argumentos

Según una resolución, a la que accedió Correo, Cordero pide descartar el informe final de noviembre de 2023, aprobado en el pleno del Congreso, que permitió a la Fiscalía avanzar en la investigación. Afirma que hubo una “vulneración del contenido esencial”.

La defensa afirma que “se incorporaron indebidamente 72 elementos de convicción” en el citado documentos, procedentes de otra denuncia constitucional por los mismos hechos. Esto ocurrió cuando la actuación probatoria “ya había concluido”.

“La procesada solicitó la acumulación de los denuncias constitucionales antes mencionadas, empero, se declaró infundado su pedido, por lo que no podía introducirse ningún extremo”, indicó.

También sostuvo que “se incluyeron (…) fragmentos de la declaración de una colaboración eficaz, de junio de 2023”, pese a que este “fue declarado frustrado” en noviembre de 2024.

La fiscal suprema Zoraida Ávalos, a cargo del despacho que desarrolla la pesquisa, pidió rechazar el pedido.

“La defensa no se dirige contra un acto producido en la investigación preparatoria tramitada por esta fiscalía, sino más bien contra actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria”, arguyó.