La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianela Ledesma Narváez, señala que el Gobierno de Martín Vizcarra no ha actuado de manera oportuna para contener la propagación del COVID-19.

¿Cuál es su evaluación de las acciones del Gobierno para contener la propagación del COVID-19?

Es un acierto la declaración del estado de emergencia y el aislamiento social. Pero, como contraparte, las decisiones del Gobierno no han tenido una sintonía con la idiosincracia de nuestro país y eso implica tener una visión sociológica de cómo somos como cultura. Por ejemplo, no se atendió la migración interna, que ha generado cientos de contagios en las provincias. Al Gobierno, le ha faltado aterrizar sus ideas con lecturas de realidad social. Un ejemplo de su gran patinada y que nos quede de experiencia fue la salida por géneros, propuesta por Farid Matuk. No podemos cambiar de un momento a otro, menos aún en emergencia, una cultura machista de mucho tiempo atrás.

¿Esa falta de visión sociológica que atribuye al Gobierno es voluntaria?

No, la falta de visión sociológica demuestra la cultura de los funcionarios en nuestro país. Con la salvedad de que esta situación es extraordinaria por el COVID-19, nos encontramos con un Estado con funcionarios nada versados ni profesionales para ejercer el servicio publico. No se discute la especialización que tengan, pero falta una visión gerencial para el manejo de recursos públicos en emergencia.

¿La corrupción también influye?

Por supuesto. Se necesita el perfil de un funcionario que tenga ética. Nosotros seríamos otro país si no existiera la corrupción. Hoy en día, tenemos un sistema judicial complaciente.

Hay más de 600 infectados en los penales, ¿cómo solucionar esta problemática?

Esta problemática demuestra que el Gobierno ha tenido reacciones tardías. No había que ser vidente para ver lo que podía pasar en los penales, por el hacinamiento penitenciario. En el Consejo de Estado, planteé que se forme una comisión ad hoc que excarcele, por ejemplo, a los sentenciados por delitos menos graves como los condenados por alimentos. Esta comisión podría trabajar con la información de grupos pastorales que conocen a los internos, en vez de esperar a los trámites que ahora estamos viendo y demoran.

¿Qué le dijeron en el Gobierno cuando propuso esta idea?

Que era una idea muy burocrática. Pero hasta ahora, no vemos una respuesta efectiva y con celeridad por parte del Ministerio de Justicia.

¿Qué hacer con los internos con prisión preventiva?

Ellos pueden pedir la variación de la detención o los jueces pueden disponer otra medida de oficio. También, se tiene que tener en cuenta el delito imputado.

Pero algunos jueces resuelven que el Inpe atienda al interno dentro del penal. Y el Inpe está en emergencia.

El Estado tiene el deber de tutelar la integridad y la salud de todas las personas, detenida o no detenida. Bajo esta premisa, el Inpe debe estar buscando algunas áeas de aislamiento para la cuarentena de los presos o, en los casos más graves, el tratamiento hospitalario.

Jaime Yoshiyama, sobre quien el Poder Judicial ha variado la prisión preventiva por detención domiciliaria, pedía mucho antes que atiendan su hábeas corpus en el TC para su liberación. ¿Qué pasó?

Se trata de un hábeas corpus que se presentó antes de que yo asumiera el cargo como presidenta del TC. Por sorteo, este expediente llegó a mi despacho y luego su defensa me recusó. Eso generó que otro magistrado atienda la recusación y que se paralizara el procedimiento. Al asumir el cargo de presidencia, dejé de ser la ponente del caso.

Su mandato como presidenta del TC vence el próximo año. Sin embargo, el período como magistrada, al igual que la mayoría de los integrantes, ya caducó (5 años). En caso, el Congreso pusiera en agenda el reemplazo, ¿usted dejaría el cargo inmediatamente?

Primero habría que ver cuáles son los criterios del Congreso para seleccionar a los reemplazos. Según ello, no tendría problema en irme. Yo trabajaré hasta el último día que llegue mi reemplazo.

¿En cuánto tiempo podría resolver la demanda de inconstitucionalidad que ha anunciado el MEF contra la ley que suspende el cobro de peajes?

Como tenemos digitalizados los procedimientos, la resolución de este caso podría darse en dos meses.

Usted ha cumplido 100 días como presidenta del TC ¿qué destaca de su gestión?

Ha sido una gestión transparente, que muestra a la ciudadanía las deliberaciones de los casos emblemáticos; es inclusiva, porque tenemos una página web con versión para los quechuahablantes, y digital porque estamos trabajando, con expedientes de este año que están digitalizados. Quiero destacar, además, que todos los magistrados -muchos de ellos con más de 70 años- se han adaptado a las nuevas tecnologías para realizar plenos virtuales.

Perfil

Marianella Ledesma, presidenta del tribunal constitucional

Abogada y doctora por la Universidad Mayor de San Marcos. Magister en justicia constitucional por la Universidad Castilla La Mancha en España.