Marianella Ledesma considera “bastante complicado” el manejo de la expropiación de las clínicas privadas

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, comentó este miércoles que es “bastante complicado” que se plantee la expropiación de las clínicas privadas, tras ser consultada por el anuncio del presidente Martín Vizcarra, quien dio un plazo de 48 horas por las negociaciones para el intercambio prestacional en plena emergencia sanitaria por el coronavirus. De no ser así, comentó, aplicará el artículo 70 de la Constitución Política.

Ledesma señaló -a título personal- que lo más indicado es mantener el diálogo con estos centros de salud y poder llegar a un acuerdo en beneficio de todos los peruanos.

“Lo veo bastante complicado manejar una expropiación en los términos en los que está redactado el artículo 70 de la Constitución. Yo me inclinaría -de manera personal- a un tema de negociaciones, creo mucho que nos podemos poner de acuerdo, creo mucho en los consensos, apelo a esta posibilidad de aperturar el diálogo y facilitar las comunicaciones”, afirmó en el programa 2020.

La titular del TC resaltó también la posibilidad de que, a través de un intermediador, se pueda llegar a un acuerdo entre las clínicas privadas y el gobierno.

“De repente un mediador no estaría mal en estas condiciones y también apelo a la empresa privada. Estamos ante una situación de emergencia sanitaria, se requieren respuestas prontas, no podemos estar dilatando situaciones, dilatando negociaciones, de la misma forma apelo al Estado, a mirar con una lógica si bien de supervisión y compromiso con la salud de los ciudadanos también con una mirada concertadora para lograr la atención en este momento de tanta necesidad”, dijo.

Además, sobre si fue un “exceso” de parte de Martín Vizcarra referirse a la expropiación, sostuvo: “Debo asumir que el presidente, por lo mismo que no es abogado, posiblemente ha utilizado un término de repente no correcto para el léxico del momento, si es que hablamos de técnicamente la expropiación, debo asumirlo de esa manera”.

Marianella Ledesma explicó que esta figura “no es un mecanismo” que pueda invocarse y materializarse “por la voluntad de una persona” y sería “un camino largo”.

“Requiere de una voluntad legal, requiere del Congreso que emita una ley y que orientada a restringir y acá pongo énfasis exclusivamente a determinada propiedad con fines estrictamente de necesidad pública o de seguridad nacional, y lo fundamental, previo pago del justiprecio, por lo tanto, el camino a afectar propiedad de estas empresas prestadores del servicio de salud sería un camino largo que tendría que justificarse y que aún así estaría a la voluntad del Congreso”, manifestó.