La congresista de Fuerza Popular Maritza García formuló denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República que proceda a destituirlo e inhabilitarlo para la función pública.

La legisladora fujimorista del ala “kenjista” acusa al defensor del Pueblo de abuso de autoridad en agravio del expresidente Alberto Fujimori, así como de usurpación de la función pública en perjuicio del Poder Judicial. También de “accionar ilícito”.

La razón principal de la denuncia contra Walter Gutiérrez es el Informe Defensorial N° 117, de fecha 24 de enero de 2018, denominado “Indulto y derecho de gracia otorgado al expresidente Alberto Fujimori: evaluación normativa y jurisprudencial”, en el que el defensor examina y emite opinión sobre los fundamentos del indulto otorgado el 24 de diciembre de 2017.

“HACIENDO POLÍTICA”. El informe defensorial concluye que el indulto es revisable y advierte al expresidente que “se abstenga de realizar toda clase de acción política, dado que esta actividad guarda relación con los crímenes motivo de su sentencia, afectando la integridad moral de las víctimas y la sociedad en su conjunto”.

La parlamentaria alega, en su escrito dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que “ello limita al expresidente su derecho constitucional a la libertad de expresión, opiniones o ideas políticas, limitación constitucional que solo puede ser impuesta por mandato judicial y por juez competente en el ejercicio de sus funciones”.

Según su enfoque, el defensor estaría “haciendo uso indebido del cargo al hacer política”.

Al respecto, el constitucionalista Víctor García Toma opina que la actuación del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, está dentro del marco de sus funciones. A su juicio, la denuncia de la parlamentaria García carece de sustento jurídico sólido.

Añade que el informe de Defensoría tiene amparo constitucional y que la opinión de Gutiérrez tiene carácter “sugerente” y no imperativo.

Según el constitucionalista Ernesto Álvarez, Gutiérrez no cometió ninguna infracción constitucional y la denuncia no tiene mayor sustento.