Texto de Gabriel Mazzei y Sofía López

“Ya lo recibí. Mañana, necesito hablar contigo temprano a las 9:30 en tu oficina”. Esto es lo que le escribió Martín Vizcarra Cornejo a su amigo, el exministro José Miguel Hernández, a través de un mensaje de WhatsApp para confirmar la recepción de una de las entregas de dinero, correspondientes al presunto soborno ilícito pactado con el Consorcio Hospitalario Moquegua a cambio de la adjudicación del Hospital de Moquegua.

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Este mensaje data del 22 de julio de 2014 y fue revelado ayer por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez, para acreditar que Vizcarra, como gobernador de dicha región, habría cobrado la suma total de 1 millón 300 mil soles.

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CONTUNDENTES

Ante la jueza de investigación preparatoria, María de los Ángeles Álvarez, Juárez señaló que el mensaje de Vizcarra daba conformidad al dinero entregado por el empresario Rafael Granados de ICCGSA, empresa que formaba parte del citado consorcio.

Juárez hizo esta exposición para fundamentar su pedido de prisión preventiva contra el exjefe de Estado por 18 meses por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

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Para acreditar su hipótesis, el fiscal reveló los testimonios de cuatro colaboradores eficaces que apuntan a la recepción del dinero ilícito en favor de Vizcarra.

Uno de los testimonios fue del mismo José Hernández, quien indicó que el citado mensaje de WhatsApp está referido “a una de las entregas de dinero que envié a la persona de Martín Vizcarra Cornejo por intermedio de mi ex chofer Carlos Aranda Huamán”.

Juárez mostró el reporte telefónico entre Hernández y el exmandatario del 2014, siendo que 11 llamadas sucedieron en la fecha que se habría realizado el primer pago ilícito.

El chofer Aranda, por su parte, declaró como testigo a la Fiscalía que entregó en dos oportunidades paquetes, encargados por Hernández al departamento de Vizcarra.

El fiscal también dijo que de acuerdo a Rafael Granados, otro colaborador en este caso, las entregas de dinero ocurrieron entre los años 2014 y 2016 por montos de 100 mil y 200 mil soles. “Hubieron (sic) dos entregas directas al señor Martín Vizcarra. Una por Rafael Granados en las oficinas de ICCGSA y otras posterior por Fernando Castillo” , señaló Juárez.

El mismo testimonio cuenta que, en 2015, previa coordinación con Hernández Calderón, Vizcarra acudió a las oficinas de la empresa para que se le pagara una cantidad del saldo pendiente por 30 mil dólares.

El otro testimonio revelador es del colaborador José Castillo Dibós, quien dijo que realizó el último pago ilícito de 60 mil dólares, personalmente, en casa de Hernández.

“(El colaborador) refiere que incluso cuando llega a esta reunión, se sintió un poco atemorizado, disminuido, cohibido en el sentido de que estaba frente a dos autoridades de alto nivel, un vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones y otro, ministro de Agricultura y él era un mortal más y, sin embargo, tenía que entregar una coima”, apuntó Juárez en la audiencia.

El dinero fue dejado en un sobre manila en una repisa de la casa.

Para corroborar esta versión, Juárez presentó fotos de una pericia policial en la cual aseguró que se pudo verificar la existencia de la mencionada repisa en la cual Castillo Dibós dejó el dinero en efectivo para Vizcarra

LOMAS DE ILO

Más temprano, el fiscal sustentó los elementos de convicción que acreditarían que el exjefe de Estado cobró un millón de soles al consorcio Obrainsa-Astaldi a cambio de la buena pro de la obra Lomas de Ilo.

En esa línea, expuso ante la jueza Álvarez que el imputado habría solicitado al gerente comercial de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, un monto indebido correspondiente al 2% del valor de la licitación.

Tejeda, como colaborador eficaz, contó a la Fiscalía que el entonces gobernador regional solicitó el alquiler de una aeronave por más de S/35 mil, que fueron cancelados por su compañía, para el traslado de funcionarios del gobierno de Bolivia.

El colaborador narró que Vizcarra, en una reunión, le conversó sobre la oferta que la empresa había presentado a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Dicha reunión ocurrió en las oficinas de Obrainsa, en San Isidro, entre el 4 y 5 de noviembre de 2013. Allí el expresidente le dijo que le iba a brindar información privilegiada para que se adjudiquen la obra.

Esa información daba cuenta que la oferta máxima no debía superar los 81 millones de soles por lo que Vizcarra pidió que rebajen su oferta inicial de 86 millones.

A cambio de ello, “le requirió un pago” por el apoyo otorgado al consorcio.

DESCARGOS

Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, aseguró estar enfrentándose a un caso al que denominó “teléfono malogrado”, pues se habló de llamadas como si fueran un nuevo elemento grave.

El letrado citó un recurso de nulidad de 2012 en el que se señaló que un registro de llamadas “no puede dar solvencia de una conversación en términos de corrupción necesariamente”.Otro de sus argumentos tiene que ver con las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces. Según explicó, cada uno de los entrevistados ofreció una distinta motivación para recibir el dinero.

”Tenemos 6 motivos distintos de la motivación de la coima”, afirmó.

Además, cuestionó que hasta la fecha no haya podido “contrainterrogar” a los aspirantes, a quienes se les levantó la reserva recientemente. “Lo que se desea es obtener información de colaboradores que uno no puede contradecir y que con eso se lleve a prisión a las personas”, reclamó.

También cuestionó las declaraciones de Carlos Aranda, chofer del exministro Hernández. “¿Cuánto le debe ese trabajador al señor Hernández?, ¿cómo es que una persona puede recordar hechos de hacer más de 7 años?”, agregó.

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