La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, aseguró que la aclaración de la Fiscalía de la Nación sobre el presidente Martín Vizcarra no significa que no se vaya a investigar al mandatario por el caso Obrainsa.
Fue al referirse al comunicado del Ministerio Público, donde aclara que el Equipo Especial Lava Jato no tiene competencia para investigar a Vizcarra Cornejo, tras las revelaciones de un aspirante a colaborador eficaz.
“En relación con el comunicado hay que dejar algo importante bien sentado: no es que se esté diciendo que no se va a investigar al presidente y esto es importante para efectos de que la ciudadanía sienta de que el sistema de lucha anticorrupción funciona. Se está señalando que estos hechos son competencia de un determinado fiscal”, expresó.
En ese sentido, Neyra Zegarra aseguró que el fiscal Germán Juárez Atoche puede seguir con las investigaciones del caso Obrainsa y si en algún momento considera que hay indicios que generen la necesidad de que Vizcarra sea investigado, lo puede hacer.
“Lo que debe quedar claro es que los hechos pueden ser investigados, pero también hay que diferenciar el testimonio de un colaborador y una denuncia de una culpabilidad”, acotó en diálogo con RPP TV.
Del mismo modo, la titular del Minjus también recordó que el mandatario siempre ha estado abierto a las investigaciones e incluso se puso a disposición de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
“A nosotros como Gobierno evidentemente nos preocupa el modo cómo se presentan estos hechos, pretendiendo hacer parecer conductas regulares como irregulares en algunos casos. En otros sí corresponde que se hagan las investigaciones siempre porque lo importante es que quede claro para la ciudadanía que no hubo ningún accionar irregular”, remarcó.
Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación aclaró que el Equipo Especial Lava Jato no puede investigar a Vizcarra por el Caso Obrainsa, pues no es de su competencia y se encuentra fuera de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político.
A través de un comunicado, indicó que los hechos revelados por un aspirante a colaborador eficaz sobre la presunta entrega de dinero por parte de un representante de la empresa constructora Obrainsa habrían ocurrido en el 2014, cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua.
“Por lo tanto queda fuera de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político (Art. 99 de la Constitución Política) y es de competencia de una fiscalía provincial”, señaló en el documento.