La orden de prisión preventiva dictada este miércoles contra Martín Vizcarra (2018-2020) marca un hecho sin precedentes en la historia reciente del Perú: cuatro expresidentes cumplen prisión de manera simultánea, ya sea por condenas vigentes o en medio de procesos judiciales por presunta corrupción.

Vizcarra se suma así a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), quienes ya se encuentran recluidos. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) sigue bajo investigación, con impedimento de salida del país, tras haber cumplido tres años de arresto domiciliario.

La Fiscalía solicita para Vizcarra una pena de 15 años de cárcel, al acusarlo de recibir 2,3 millones de soles en sobornos cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014) y, presuntamente, parte de ese dinero en 2016, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente durante el gobierno de Kuczynski. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aún no confirma el penal donde cumplirá su detención, aunque se especula que podría ser Barbadillo, donde también están Toledo, Humala y Castillo.

Otros casos:

• Alejandro Toledo fue condenado en 2024 a 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos, tras recibir 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht por la adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica. Además, enfrenta otro juicio por lavado de activos, con un pedido fiscal de 16 años y 8 meses de prisión.
• Ollanta Humala recibió este año una condena de 15 años por lavado de activos, al haberse probado que recibió aportes ilícitos del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para sus campañas de 2006 y 2011. La Fiscalía también pide 35 años de cárcel por el caso Gasoducto Sur Peruano.
• Pedro Castillo permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, tras un intento fallido de disolver el Congreso y gobernar por decreto, en medio de acusaciones de corrupción durante su mandato.

Con este nuevo episodio, el país enfrenta una crisis de legitimidad en sus más altas autoridades, reflejada en el alto número de expresidentes investigados y condenados por corrupción en las últimas dos décadas.