El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que la falta de instalación de mesas de sufragio el último domingo, originada por problemas en la distribución del material electoral, podría constituir el delito de omisión de funciones, situación que motivó la detención de José Samamé, jefe de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

El fiscal precisó que, pese a los intentos por corregir la situación, se trató de un “hecho ya cometido”, por lo que se procedió con la intervención.

“Como se trataba de flagrancia a criterio de la Policía y del fiscal interviniente, una vez que se realicen las diligencias correspondientes, ya se definirá la situación jurídica del detenido. Porque eso ya la prisión preventiva, lo que fuera, el hecho de que permanezca detenido, esto ya lo define el juez”, declaró a RPP.

Gálvez indicó que la Policía Nacional es la entidad a cargo de la investigación preliminar contra Samamé. En ese marco, precisó que será esta institución la que determine, en un plazo de 48 horas desde su detención, si corresponde o no solicitar prisión preventiva para el exfuncionario.

“Ese delito se puede cometer por una acción concreta. Tú no lo dejas votar a propósito o por una omisión y, en este caso, la omisión es que no llevaron el material para que vote; con eso la han impedido abiertamente”, resaltó.

Señaló que “el delito de impedimento de votación o de omisión de funciones” podría conllevar una pena de entre dos y cuatro años de prisión.

En el caso de Piero Corvetto, Gálvez precisó que, de iniciarse una investigación penal, esta quedaría a cargo de una fiscalía suprema debido al cargo que ocupa. En ese sentido, indicó que el proceso sería derivado al despacho del fiscal Juan Carlos Villena, a diferencia de otros funcionarios que son investigados por fiscalías provinciales.

“En el marco de la investigación, se va a determinar el grado de participación de las personas, de las entidades y, en función de eso, se determina la responsabilidad de cada uno y no solo de cada uno, sino vamos a saber quiénes han incurrido en responsabilidad, quiénes han omitido sus funciones, quiénes han tenido actos dolosos o actos negligentes”, señaló.

Indicó que la investigación también buscará establecer si hubo o no intención de no trasladar el material electoral. Según Gálvez, la duración de las indagaciones dependerá de si se determina una infracción administrativa o la configuración de un delito.

“Si se determina que hay solo una infracción administrativa, es decir, en este caso una grave negligencia, habría una falta muy grave. Esa falta muy grave es de competencia de la Junta Nacional de Justicia y ahí la junta puede destituirlo”, agregó.