Una semana después de presentada la denuncia constitucional por el caso “ascensos irregulares”, que involucra a la Policía Nacional, al Ejército y a la Fuerza Aérea; el Ejecutivo se pronunció, finalmente, mediante el titular del Interior, Vicente Romero.

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La mañana de ayer, el ministro refirió que su portafolio permanece a la espera de recibir información solicitada a la Fiscalía. Agregó que, tras recibirla, se adoptarían medidas que involucrarían a los generales PNP supuestamente beneficiados.

Aunque ayer se esperaba alguna información al respecto, no hubo novedades.

El caso, sin embargo, no es nuevo. Las denuncias de presuntas interferencias al interior de la Policía datan de finales de 2021. Han trascurrido al menos siete meses desde el inicio de la gestión de Romero Fernández, tiempo en el que no se abordó el tema frente a la prensa.

EL CASO

Las diligencias ya en curso comprenden al golpista expresidente Pedro Castillo y a su exministro de Defensa Walter Ayala. De acuerdo con la tesis fiscal, el exmandatario tenía interés en colocar a sus allegados en las citadas entidades, puntualmente en la PNP.

Serían 10 los altos oficiales, de acuerdo con el Ministerio Público, los que se beneficiaron con las indebidas promociones en la Policía.

Se trataría de los entonces coroneles Manuel Rivera López, Freddy del Carpio León, Enrique Goycochea Chunga, Eginardo Pérez Chávez, Edward Espinoza López, Nicasio Zapata Súclupe, Rodolfo Villanueva Nole y Max García Esquivel.

En la relación también están los ahora generales Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas, actuales jefes policiales de las regiones Lima y Callao, respectivamente.

En la denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, se reúnen más de 100 elementos de convicción, entre ellos conversaciones de Whatsapp entre involucrados, declaraciones de tres colaboradores eficaces (03, 04 y 05-2022 EFICCOP), el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, entre otros indicios.

El exgobernante Castillo Terrones, recluido en el penal Barbadillo con dos órdenes de prisión preventiva, enfrenta los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. Ayala, mientras tanto, es sindicado como autor de los supuestos de organización criminal, abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

De acuerdo con el ministro Vicente Romero, “si hay pruebas e indicios necesarios (de alguna falta), la misma Policía captura(rá) (a los presuntos beneficiados) y (los) pone a disposición del Poder Judicial”.

“Vamos a tomar una decisión cuando tengamos ya la respuesta del Ministerio Público, sobre todo de los generales que han sido, justamente, comentados en los diferentes medios (de comunicación)”, manifestó ayer.

Precisó que se observará puntualmente el caso de los actuales jefes policiales de Lima y Callao, involucrados también en el caso.

Agregó que se adoptará una decisión final” una vez que su sector reciba el informe, del Ministerio Público “para ver a qué nivel están comprometidos los dos generales en estas investigaciones y tomar decisiones”.

“Aquellos policías que juraron por el país y por la patria, y no cumplieron, sin duda se van, dan un paso al costado. (...) La Policía no alberga a aquellas personas que cometen ilícitos”, resaltó.

Se defiende

Otro de los oficiales en retiro envuelto en esta trama también brindó sus descargos. El excomandante general de la PNP Javier Gallardo, nombrado en el cargo por Castillo y a quien se le ha sindicado ser el “organizador” de estos presuntos pagos, negó los ilícitos.

“El proceso de ascensos de los generales se da no por concurso, sino por selección. Es un procedimiento totalmente diferente (...). Ninguno de los coroneles que ha ascendido a general ha sido sin respetar las condiciones o los requisitos que exige la ley”, manifestó a RPP.

En otro momento, el otrora alto funcionario policial respondió sobre sus presuntos nexos con el congresista Américo Gonza (Perú Libre).

De acuerdo con el colaborador eficaz 04-2022-EFICCOP, Gallardo Mendoza ingresó al despacho presidencial en agosto de 2021 acompañado del legislador perulibrista. Para la Fiscalía, en este encuentro se coordinó el nombramiento de Gallardo como comandante general.

“La organización criminal habría logrado captar, a través del congresista de la República Américo Gonza (...) al general de la Policía Nacional del Perú Javier Santos Gallardo Mendoza”, refiere el documento del Ministerio Público.

Al respecto, Gallardo confirmó que sí acudió a Palacio en la fecha señalada. Sin embargo, no precisó si es “amigo” del legislador o cual es su vínculo con él. Agregó que fue una “coincidencia” encontrar allí al congresista.

“Tengo que rechazar rotundamente (...) que haya existido la más mínima irregularidad en el proceso. Mi proceso de ascensos ha sido llevado de la mejor manera, de manera transparente (...). Mi nombramiento no se ha debido a ningún condicionamiento, ni de Pedro Castillo ni de nadie”, puntualizó.

TIBIEZAS

Rubén Vargas, exministro del Interior, lamentó por su parte que exista “tolerancia, casi con un propósito de normalización”, de lo ilícito en el país.

“Es una posición de extrema tibieza (la que se vive) frente a casos clamorosos de corrupción. Lo que estoy viendo es que hay una tolerancia injustificable (a casos de este tipo)”, afirmó a Correo.

Vargas también destacó que este caso esta enmarcado dentro de una organización criminal, sindicada por el Ministerio Público, que estuvo liderada por un presidente en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“No se trata simplemente de un grupo de 10 coroneles que se corrompieron y compraron ascensos (...), esto era parte de un plan mayor de una estructura criminal: controlar con fines corruptos a la Policía Nacional”, remarcó.

El exfuncionario consideró que pudieron tomarse acciones previas en el marco de este caso.

“Siendo un organismo que tiene competencia directa para investigar a generales, ¿qué ha hecho (hasta ahora) la Oficina de Asuntos Internos que depende del Ministro del Interior?”, cuestionó.

En la tesis fiscal, por otro lado, se estima que Castillo y su entonces ministro, Walter Ayala, “desplegaron acciones ilícitas” para también “tomar el control del poder en el Ejército Peruano en el proceso de ascensos 2021″.

Testimonio

Según un colaborador, Américo Gonza “se reunía constantemente con Castillo previo a las designaciones de, por ejemplo, Gallardo”.

Rechazo

Jefe de la Región Policial responde

mil dólares era el monto estimado, según el MP, que se exigía a cada coronel PNP.

El último miércoles 16, el jefe de la Región Policial Lima, el general Roger Pérez, descartó que haya incurrido en algún acto ilícito.

En el marco de este caso, sostuvo que no ha sido “investigado, ni citado”, por la Fiscalía.

“Sé que hay un grupo de oficiales que están siendo investigados y actualmente no tienen cargo. La fiscal de la Nación no puede denunciarme, no tiene el nivel de denunciar a un general”, manifestó a Canal N.