Redacción Diario Correo

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentará ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En la cuenta de ‘X’ del Ministerio Público, a través de un pronunciamiento en el que dieron cuenta de un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos en una sesión del pasado 22 de julio, con el objetivo de que se interponga una demanda e inconstitucionalidad contra esta norma, según el artículo 203 de la Constitución.

En el texto, la Junta de Fiscales Supremos mostró su rechazo a la ley, pues consideran que e contrapone a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los cuales están reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, así como tratados de carácter regional y universal ratificados por nuestro país.

En ese sentido, indican un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de especial gravedad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, entre otros (que están en investigación preliminar).

Además, en los casos Soras, Pichari, Ventocilla, Las Gardenias, Tabalosos, Chuschihuico, entre otros (los cuales están en investigación judicial o para emitir acusación fiscal). También de los casos Chuschi, Huanta 84, Huancapi, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Raccaya, Mamérita Mestanza, entre otros (en etapa de juicio oral).

De igual forma en casos con sentencia como Chumbivilcas, Chuschi I, MMMB, Totos, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Comando Rodrigo Franco, Martín López Rimachi y otros, Leonor La Rosa Bustamante, ente otros.

Según informan, dicha norma vulnera la autonomía e independencia funcional de los fiscales, ya que impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad.

Posteriormente, advierten que esta norma frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado, además, perjudica el trabajo de las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia.

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A través de un pronunciamiento, el Ministerio Público dio cuenta de un acuerdo adoptado por la Junta de Fiscales Supremos con el fin de que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma.