El Ministerio Público aseveró que los fiscales de esta institución conducen todas sus investigaciones de manera objetiva y sin intereses, políticos, ideológicos o económicos.

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A través de un comunicado, la Fiscalía defendió la denuncia constitucional que presentó su titular, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción y aclaró que la labor de la institución se apega a la Carta Magna.

“Los fiscales conducimos nuestras investigaciones con total objetividad, apego a la Constitución y con respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia, sin ningún tipo de interés político, ideológico, económico ni mediático”, se lee en el pronunciamiento.

“La decisión institucional de presentar la denuncia constitucional contra el presidente de la República y otros altos funcionarios, que cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional y Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas”, agregó.

Seguidamente, la Fiscalía aseveró que el respeto a su autonomía es una “exigencia constitucional” para todos los poderes y organismos constitucionales, pues aclaró que con ello se garantiza la “institucionalidad democrática en nuestro país”.

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Asimismo, la institución recordó que el Sistema interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos; y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, resaltan la necesidad del “respeto a la independencia de los fiscales para la persecución del delito, sin intimidaciones ni injerencias”.

Mensaje de Pedro Castillo

En su mensaje a la Nación del último miércoles, Pedro Castillo insistió que la denuncia constitucional interpuesta en su contra por Patricia Benavides, es ilegal e inconstitucional, además de ser parte de un complot para vacarlo del cargo “sin corroboración ni pruebas objetivas”.

“Ante esta antidemocrática situación, debo denunciar ante el país y la comunidad internacional que esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas democráticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90 son las que ahora impulsan –como en aquella época- una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”, acusó el presidente.

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