​Ministerio Público pide cinco años de prisión para exasesor presidencial Carlos Moreno
​Ministerio Público pide cinco años de prisión para exasesor presidencial Carlos Moreno

El Ministerio Público solicitó cinco años de prisión al exasesor presidencial, , por haber realizado presuntas coordinaciones con la finalidad de beneficiar a una entidad privada de salud al derivarle pacientes, aprovechando un convenio firmado entre el Seguro Integral de Salud () y el Arzobispado de Lima.

El pedido fue hecho como parte de la acusación fiscal presentada por La titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Janny Sánchez – Porturas contra Moreno Chacón, como presunto autor del delito de negociación incompatible en calidad de instigador.

De acuerdo a la acusación fiscal, Moreno Chacón habría aprovechado su condición de consejero presidencial y responsable del Centro de Referencia Nacional en Gastroenterología del hospital Arzobispo Loayza, para favorecer irregularmente a la Clínica de Osteoporosis SAC en la atención de los beneficiarios del convenio suscrito entre el SIS y el Arzobispado de Lima.

Como se recuerda, dicho acto de corrupción fue revelado en un programa de televisión a inicios de la actual gestión presidencial. 

Otros funcionarios

En la acusación, la fiscal Sánchez – Porturas pidió también que se condene a cinco años de prisión al ex jefe del SIS, Julio Acosta Polo; y al ex gerente de Negocios y Financiamiento de dicha institución, Carlos Augusto Aguirre Paredes, en calidad de autores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano.

Asimismo, se solicitó cinco años de prisión contra los exfuncionarios del SIS: Samantha Mendoza Rueda, Gustavo Gastón Castillo Aguirre, Nilda Terrones Valera y Andrés Fernando Rodríguez Ojeda; así como al ex gerente general de la Clínica de Osteoporosis SAC, Aldo Umberto Peirano Castillo, en calidad de cómplices del delito de negociación incompatible, según informó el MP.

Ello por haber colaborado indistintamente y omitido sus funciones para favorecer el direccionamiento irregular de pacientes a dicho establecimiento clínico, permitiendo que se tercerizaran ciertos servicios pese a que no cumplía con las condiciones legales vigentes.

La acusación fiscal fue presentada al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que deberá fijar fecha para la audiencia.