El ministro de Justicia, Eduardo Arana, defendió ayer la decisión del Ejecutivo de observar la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. No obstante, antes de concluir su presentación, trató de suavizar su tono al señalar que las observaciones eran recomendaciones al Congreso.

En la conferencia de prensa, no ofreció detalles claros sobre la decisión del Ejecutivo de emitir una opinión contraria a dicha norma. En su lugar, se limitó a justificar que la detención preliminar podría ser utilizada como una herramienta susceptible de abuso.

Es importante indicar que días atrás se conoció que el Gobierno forzó al Ministerio del Interior a recomendar que la norma era inviable.

“Hay casos en los cuales es inoficioso que usted pueda poner prisión preliminar cuando se sabe que tiene a una persona a la que sabe que no podrá demostrar que cometió un delito”, indicó.

Luego agregó que “el Parlamento dentro de la separación de poderes hará lo propio a través de sus decisiones”.

Afirmó que hay fiscales que sin tener certeza y corroboración, solicitan a los juzgados la detención preliminar lo cual va en perjuicio de cualquier ciudadano de a pie. Insistió en que “el Congreso debe escuchar y entender la posición del Ejecutivo”.

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