- El pleno decidirá si la JNJ continúa con vida
- Junta Nacional de Justicia rechaza aprobación del dictamen que crea la Escuela Nacional de la Magistratura
- Comisión de Constitución aprueba dictamen que propone eliminar la JNJ
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, evitó hoy mostrar una postura opuesta a la aprobación, en la comisión de Constitución del Congreso, del dictamen que elimina la Junta Nacional de Justicia (JNJ), e incluso señaló la importancia de una carrera judicial, haciendo el comparativo con la carrera militar y magisterial.
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El ministro se encuentra en la ciudad de Arequipa para participar en el Congreso de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Santa María.
“Es muy importante tener en cuenta que los modelos de formación de jueces, que es a donde se debe apuntar, debe estar dirigido a crear una nueva corriente de jueces”, manifestó Arana Ysa.
“Si lo que ahora se pretende es un tema político entonces la creación de la Junta Nacional de Justicia frente al Consejo de la Magistratura ¿qué fue? entonces también fue una respuesta política”, acotó el ministro de Justicia.
Eduardo Arana descartó que la eliminación de la JNJ implique una intervención en la justicia, “lo que yo veo desde mi perspectiva es que ese es un tema aún por debatir, tiene que entrar al pleno y seguro vamos a opinar al respecto”, añadió.
VOTOS
Con 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, la Comisión de Constitución aprobó el predictamen de reforma constitucional, que busca la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la elección de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Procesos Electorales (Reniec). Esto sucedería si el Pleno llegase a los 87 votos.
La Escuela Nacional de la Magistratura se especializa en la selección y formación de aspirantes a jueces y fiscales, al igual que sus nombramientos. Además, se encargarán de las capacitaciones de los magistrados que tengan objetivos de ascenso, actualización y perfeccionamiento, extendiendo los títulos que los acrediten como jueces o fiscales y cancelándolos en los casos previstos por la ley.