Fernando Castañeda: “No voy a renunciar, estoy ejerciendo al máximo mis atribuciones”

En entrevista con Correo, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, considera que el ingreso del coronavirus en los penales del país ha desnudado las carencias del sistema penitenciario y que uno de los problemas radica en que el personal de la institución se ha visto debilitado por el temor de contraer la enfermedad. Asegura que no renunciará y que trabajará en el ministerio hasta que el presidente se lo permita.

¿El coronavirus en los penales ha desnudado las falencias del sistema penitenciario?

Sin duda alguna. El coronavirus ha puesto a prueba todos los sistemas nacionales e internacionales. Antes de que se decretara el estado de emergencia, el Instituto Nacional Penitenciario ya se encontraba en su propia emergencia. Por eso se invirtió un presupuesto especial para enfrentar las carencias, medida que se reforzó con el Decreto Supremo para lograr el deshacinamiento de las cárceles.

¿Qué se ha hecho para paliar estas falencias?

Hemos distribuido 110 mil mascarillas a todos los penales del país, adicionales a las 80 mil repartidas anteriormente. Además, se está redistribuyendo más medicinas en aquellos penales que reporten más casos con síntomas del COVID-19. Ello está acompañado de la labor de la Oficina de Asuntos Internos para supervisar el ingreso de medicinas y prevenir irregularidades. También se solicitó que en cada penal existan zonas de aislamiento. Con la colaboración del Ministerio de Vivienda, se han instalado 60 módulos prefabricados afuera de los penales.

Si el INPE se declaró en emergencia antes de la cuarentena, ¿qué medidas se adoptaron?

En primer lugar se dispuso prohibir la visita de familiares de internos para solamente quedarnos con el personal estrictamente indispensable: los agentes penitenciarios, que se encargan de la vigilancia de los penales. Es el único personal que tiene contacto con ellos. También se establecieron zonas de aislamiento para que apenas se conozca de un interno con sintomatología, este sea aislado y medicado con azitromicina.

Según información del INPE, hasta el 26 de abril se registraron 33 fallecidos por COVID-19 y más de 600 infectados. ¿Están funcionando las medidas?

Bueno, se han tomado todas las medidas necesarias de acuerdo al protocolo sanitario establecido. El INPE no está en emergencia de forma aislada. Nosotros dependemos del Ministerio de Salud para la toma de pruebas rápidas y compra de medicamentos. (...) Pero también se debe comunicar que se ha visto debilitado el personal médico y el equipo de agentes por el temor generalizado de contagiarse del coronavirus. Por eso, aprovecho en hacer un llamado para reclutar nuevos profesionales como médicos, asistentes de enfermería y técnicos para contribuir con el funcionamiento del INPE.

Es decir, ¿hay un déficit de personal penitenciario?

Exactamente. Es natural porque no solo está de por medio el COVID-19, sino también la seguridad en los penales, pues muchos están movidos. Los agentes penitenciarios y el personal médico tienen temor de ingresar a ellos.

¿Cuántas personas están faltando?

Actualmente el INPE tiene 11 mil 300 personas, de las cuales 9 mil están yendo a trabajar. El resto está conformado por adultos mayores y personal administrativo que no va por el aislamiento social. Por eso, el INPE no está funcionando al máximo de sus capacidades. A esto se añaden las renuncias o personal que no quiere ir a trabajar. Por ejemplo, tenemos 100 médicos menos.

Nueve muertos en Castro Castro, y reyertas en Ancón. ¿Cuál es el nivel de seguridad de los penales?

En el caso de Ancón, se trata de una protesta que, afortunadamente, ha sido solucionada tras un diálogo entre agentes e internos. En Castro Castro, los internos de alta peligrosidad querían ser objeto de indultos y no podemos acceder a ese pedido.

Correo informó que hubo fallas en el anillo de seguridad que se estableció para evitar el ingreso del coronavirus en los penales.

En su momento se dieron las disposiciones del caso para que se cumplan estrictamente. Está en un plan anticoronavirus que se aprobó oportunamente. Según el reglamento del INPE, los directores regionales de los penales deben supervisar el cumplimiento de las normas.

En este caso, ¿quién asume la responsabilidad por tantos infectados?

En primer lugar el director del penal, porque es el llamado a implementar la medida. Y dependiendo de cuál sea la obligación, están el director de seguridad o el director médico. Encima de ellos se encuentra el director regional que agrupa a tres o cuatro penales. Más arriba de él tenemos el Consejo Penitenciario.

Algunos congresistas han pedido su renuncia.

Mi cargo siempre está a disposición del presidente de la República, Martín Vizcarra. Tengo dos meses en el cargo y estoy poniendo, junto a mi equipo, todo el esfuerzo necesario y experiencia para reforzar la estructura del INPE y minimizar el riesgo del coronavirus.

¿Tendría problemas en renunciar?

Yo no voy a renunciar porque estoy ejerciendo al máximo mis atribuciones hasta que el señor presidente lo considere así.

¿Cuánto se ha avanzado desde la promulgación del decreto de indultos y conmutaciones de pena?

Desde que entró en vigencia, el viernes pasado, se ha formado la Comisión de Gracias Presidenciales y el protocolo respectivo. Estamos a la espera de información del Poder Judicial para completar los requisitos mínimos por cada interno. Porque los indultos no son cheques en blanco.

Si ustedes dependen de la información que proporcione el Poder Judicial, ¿la tramitología usual en las instituciones públicas no impedirá la celeridad para la atención de los casos durante un período excepcional como la emergencia?

Se ha reducido al máximo esos trámites que usualmente generaban demoras. En los casos de indultos humanitarios, por ejemplo, si el interno está enfermo, ello deberá ser acreditado con un expediente clínico. Esa información la puede proporcionar el INPE. Si hay alguien que se encuentre próximo a cumplir su condena, será necesario evaluar qué tipo de delito ha cometido.

¿Los delitos graves están comprendidos en estos posibles indultos?

No. Para ellos se ha establecido la atención en áreas de aislamiento, módulos prefabricados y medicinas.

¿Y para los internos con prisiones preventivas?

Estamos preparando una norma para que los jueces revisen de oficio las prisiones preventiva. Esto con los límites que cada caso requiere, porque estamos hablando de 36 mil internos con procesos en curso. Con este criterio estaríamos variando la prisión preventiva a comparecencia restringida para 10 mil personas.

En este caso, ¿también importa el delito imputado?

Sin duda, porque estamos hablando de imputaciones de delitos graves.

La exalcaldesa Susana Villarán, por ejemplo, ha solicitado su excarcelación. ¿Calificaría?

Al tener ella una imputación de criminalidad organizada, no. Pero en la normativa, hay un segundo supuesto para que los jueces revisen caso por caso, atendiendo a la emergencia por el coronavirus.

El fiscal Rafael Vela ha dicho que hay aprovechamiento de los investigados para salir de las cárceles.

No puedo opinar. Cada interno evalúa sus estrategias. Nosotros no vemos ningún caso en concreto, sino buscamos atender la situación del conjunto de la población y trabajadores penitenciarios.

Perfil

Fernando Castañeda es ministro de justicia y derechos humanos. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Exadjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo.