Cuatro de los ocho candidatos a gobernador regional del Callao (GORE Callao) acumulan llamativos antecedentes judiciales. Los casos van desde denuncias por presunta corrupción hasta acusaciones de supuesto acoso y tocamientos indebidos.

La lista empieza con el candidato Pedro Spadaro (Renovación Popular), exalcalde de Ventanilla (2019-2022) y el Callao (2023-2026). A este último cargo renunció en abril para aspirar al GORE Callao. En su historial sobresale una intervención de la Fiscalía, en septiembre de 2022, en el marco de una investigación por un presunto uso indebido de recursos públicos de Ventanilla para beneficiar la campaña de Spadaro a la alcaldía provincial.

En el 2024, Spadaro fue denunciado por presunto acoso sexual, chantaje y tocamientos indebidos. Los hechos habrían ocurrido en el 2014 cuando el denunciante tenía 19 años y laboraba como periodista.

“Me tocó y me quiso besar. Me decía que estaba caliente (…) Sentí mucho temor, él era un congresista (Fuerza Popular) y ya me había dicho que tenía mucho poder”, relató la víctima, según recogió Contracorriente.

De otro lado, desde agosto del 2025 se le investiga por presuntas órdenes de servicio de las comunas del Callao y Ventanilla a la empresa Glamour & Style Salon Spa, de la que fue señalado como socio. En este caso por presunta colusión, se allanó su vivienda, junto a otras 14, en abril último.

Otro es el candidato Dante Mandriotti (Acción Popular), quien suma el mayor número de cuestionamientos. En el 2018, fue acusado de pedir favores a Walter Ríos, entonces presidente de la Corte del Callao, para resolver un problema judicial que enfrentaba la empresa de su hermano. El audio fue difundido por América TV.

Mandriotti fue gobernador regional del Callao en el periodo 2019-2022. En junio y agosto de su último año de labores, la Fiscalía presentó dos solicitudes de prisión en su contra.

En la primera fue señalado por presunta organización criminal, extorsión, sicariato y otros (Caso “Los Malditos de Angamos”) con una solicitud de 15 años de prisión. Según la tesis fiscal, se “coaccionaba” a “constructoras para incorporar en sus planillas a trabajadores fantasmas (…) a cambio de no poner en riesgo la integridad de otros trabajadores”.

En el otro proceso, se pidió en su contra más cinco años y once meses de prisión por presunta colusión, por la aparente “contratación de proveedores allegados, y la sobrevaloración en la contratación de servicios no justificados, con motivo del XI GORE Ejecutivo”, en 2019.

De otro lado, afrontó un proceso por presunto tráfico de influencias vinculado al exfiscal supremo Sandro Paredes. Ambos fueron absueltos, pero en abril del 2025 se les impuso S/100,000 de reparación civil por “daño extrapatrimonial al Estado”.

Por su parte, José Sosa (PPC) fue gerente del GORE Callao durante la gestión de Mandriotti (2019-2022) y luego consejero regional (2023). Ese año se conoció que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo sindicaba de una presunta negociación incompatible.

Además de reunir tres sentencias firmes por alimentos, en junio del 2011 el gobierno regional aceptó su solicitud de que se le pague una asesoría y defensa legal frente a una investigación como exfuncionario. El caso se da por presunto abuso de autoridad “vinculados a la situación jurídica del gobernador regional Ciro Castillo”.

Tanto Spadaro, Sosa y Mandriotti fueron implicados en un mismo caso. La Fiscalía investigó si parte de los S/8.5 millones que el GORE Callao destinó a la comuna de Ventanilla, transferidos para losas deportivas, fueron usados para la campaña de Spadaro a alcalde del Callao. Esto cuando Mandriotti y Sosa eran gobernador y gerente general, respectivamente, y Spadaro alcalde de Ventanilla.

Finalmente, Ismael Paredes (Somos Perú) fue denunciado por presunta tentativa de feminicidio y acoso en el 2023.

“He tenido que mudarme, inclusive, de casa. (…) Este es un reglaje marcado”, sostuvo Mariel Macedo, directora adjunta de la Dirección Regional de Salud Callao, quien tuvo como jefe a Paredes en la Diresa Callao. En su momento, el ahora aspirante a gobernador negó las imputaciones en su contra y el caso se archivó en mayo del mismo año.