Frente a la desidia y falta de acciones del partido de gobierno ante la difícil situación de la parlamentaria Cenaida Uribe, voceros de distintas bancadas exigieron que la presidenta (encargada) de Gana Perú, la siempre mediática Nadine Heredia, dé la cara y hable sobre las evidencias de posibles casos de corrupción que vuelven a ser el tema de fondo en el nacionalismo. Inusualmente, la Primera Dama se ha mantenido alejada de los reflectores, algo que políticamente puede interpretarse como un acto de respaldo o protección.

"¿Tan difícil es caminar derecho?", es la frase que Nadine expresó alguna vez y que bien podría calzar en el caso de la exvoleibolista, acusada de haber presionado al exdirector del Colegio Alfonso Ugarte para favorecer a la empresa Punto Visual, cuyo propietario sería su pareja. Sin embargo, para los nacionalistas, pedir que la lideresa de su agrupación se pronuncie "es una impertinencia".

Según trascendió, la postura laxa en la bancada oficialista deviene de la cercanía que sus principales figuras mantendrían con el empresario, que incluso habría dispuesto una de sus propiedades en Pachacámac para una reunión de la bancada de Gana Perú.

SIN POSTURA. Así, tras confirmarse que la anunciada reunión entre Uribe, los voceros y la Comisión de Ética de su bloque político se realizará recién en marzo, la sospecha de un intento de blindaje a la parlamentaria, que alguna vez estuvo en los planes de Ollanta Humala para ocupar la primera vicepresidencia de la República, incomodó a las principales fuerzas con representación congresal.

El portavoz de Fuerza Popular, Julio Gagó, sostuvo que los antecedentes en el "humalismo" sobre casos de corrupción que involucran a miembros de su partido, o a allegados al Gobierno, exigen que la mandamás del Partido Nacionalista trace la línea de combate con contundencia frente a los delitos ligados al abuso de poder.

"Al margen de si Uribe es culpable o si existen indicios suficientes de su culpabilidad, la presidenta del partido, la señora Nadine, ya que siempre da declaraciones y se expresa en otro tipo de situaciones, en las que muchas veces se espera que sea el presidente Humala quien intervenga, esperemos que dé una declaración asegurando que no se blindará a Uribe y que (la Comisión de) Ética tiene las garantías para investigar", dijo.

Y es que el grupo de trabajo que encabeza el legislador Humberto Lay, que en la primera semana de marzo iniciará las indagaciones por la presunta inconducta de Uribe en los colegios Alfonso Ugarte y Melitón Carvajal, tendrá a los oficialistas Leonidas Huayama, Claudia Coari, Hugo Carrillo, Rogelio Canches y Cristóbal Llatas entre los miembros de la comisión que inéditamente, para el periodo 2013-2015, es integrada por 14 parlamentarios.

SUSPENSIÓN. A su turno, el vocero de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón, advirtió que "(Nadine) se está demorando (en intervenir) y no quiero pensar en un blindaje dentro del partido porque, si así lo hubiera, esto significaría que en el nacionalismo saben de los hechos que habría realizado Uribe".

En ese sentido, Rondón lamentó que en el partido de gobierno no exista el espíritu de "por lo menos suspenderla de sus derechos como congresista hasta que el caso se resuelva".

Por su parte, el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, indicó que Heredia no puede marcar distancia de denuncias que atañen a miembros de su agrupación al pedir "colaboración" por parte del Partido Nacionalista.

"Es un tema que incumbe a la bancada, pero el Partido Nacionalista no es ajeno a ello. Está en Uribe el que las cosas lleguen a mayores", sostuvo el legislador del PPC-APP al recomendar a su colega "dar un paso al costado para dar tranquilidad a su propia bancada".

"Estamos frente a una denuncia grave que merece una investigación seria, profunda y rigurosa, por lo que (Uribe) debe apartarse momentáneamente de su bancada, lo que permitirá una indagación con toda la transparencia y sin ningún tipo de presiones", puntualizó Iberico.

LA INVESTIGAN. De otro lado, el fiscal de la Nación, José Peláez, abrió investigación en contra de la citada parlamentaria.

La resolución precisa que las diligencias se practicarán por espacio de 30 días, tiempo que permitirá esclarecer si cometió algún delito y tipificarlo.

Para establecer una conclusión, el despacho de Peláez Bardales emplazó a la congresista Uribe para que, en el más breve plazo, remita un informe con los descargos sobre su relación con la empresa publicitaria.

Asimismo, las actuales autoridades del Colegio Alfonso Ugarte deberán brindar información sobre los contratos, licitaciones y adendas suscritas con la empresa Punto Visual.

Se recabarán las declaraciones del exdirector Lizandro Quispe Vizcarra y se requerirá la copia fedateada a la UGEL N° 3 de la resolución que daba por concluidas las funciones de este en el colegio. También se recabarán las declaraciones de las trabajadoras del plantel Áurea Evangelista Trebejo y Guisela Apolaya Ayllón.

OTRO COLEGIO. El despacho del fiscal de la Nación también ha requerido que el Colegio Melitón Carvajal le informe si ha suscrito contratos con Punto Visual u otras empresas dedicadas al rubro de paneles publicitarios.

A fin de corroborar los presuntos tres viajes al extranjero que realizó la parlamentaria con el gerente general de la empresa Punto Visual, Alberto Luis de Azambuja Pásara, la Fiscalía solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones y Naturalizaciones del Perú los respectivos reportes migratorios.

También pidió las declaraciones de Renato Cajahuamán Bravo y Maribel Sánchez Vargas.

Finalmente, solicitó que Registros Públicos dé un informe detallado sobre la empresa Punto Visual, a efectos de conocer a los miembros del directorio, representantes y/o apoderados.