Ya es oficial. La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó ayer solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de los ocho testigos que pasaron a la condición de investigados, entre ellos la primera dama Nadine Heredia.

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La votación se realizó ayer en sesión reservada y fue aprobada con nueve votos de los congresistas de la oposición. El único que votó en contra fue el nacionalista Santiago Gastañadui, mientras que Ana Jara prefirió abstenerse.

Como se recuerda, esta comisión acordó investigar a la Primera Dama por ser presunta propietaria de las cuatro agendas que son materia de investigación y cuyo contenido evidenciaría hechos vinculados a la posible comisión de delitos de lavado de activos.

Además de Nadine Heredia Alarcón, la comisión solicitará la documentación bancaria y de comunicaciones de Antonia Alarcón (madre de Heredia), Rocío Calderón (su amiga y exfuncionaria del OSCE), Ilan Heredia (su hermano menor), Cynthia Montes (secretaria de Prensa de Palacio de Gobierno), Jorge Chang Soto, Maribel Vela y Enrique Juscamayta.

MOVIMIENTOS. Cabe indicar que el acuerdo adoptado ayer “fue una formalidad”, pues la Comisión de Fiscalización -a través de su presidente, Gustavo Rondón- ya había iniciado este trámite en las instancias correspondientes.

“En el fondo ya están trabajando en el tema, lo que pasa es que en la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) pedían un acuerdo (de la comisión) (...) Con esto vamos a ver todos los movimientos de las personas implicadas en el Perú y en el extranjero”, expresó Rondón a Correo.

Según indicó, cuando Nadine Heredia pasó a la condición de investigada, el pasado 12 de noviembre, se acordó pedir el levantamiento de sus cuentas. Debido al avance de la solicitud, dicha documentación podría llegar al Congreso la próxima semana.

Además, descartó pedir la información recopilada por la comisión Martín Belaunde Lossio sobre los movimientos bancarios de Nadine Heredia, pues considera que hay datos que se deben “actualizar”.

“Sí (también nos entregarán información de las cuentas del extranjero), eso es lo que nos ha dicho la Unidad de Inteligencia Financiera... Me parece que hay un rastreador de cuentas sospechosas. Parece que ellos (la UIF) ya tienen todo un sistema en eso”, manifestó.

Agregó que en las próximas sesiones se determinará la segunda lista de los que pasarán a la condición de investigados.

“De acuerdo a ese segundo grupo, programaremos lo que significa la citación a la Primera Dama como personaje central de esta investigación”, puntualizó.

PERITAJE. Gustavo Rondón también precisó que solicitará los resultados del peritaje grafotécnico que realizó el Ministerio Público a la presidenta del Partido Nacionalista el viernes último.

“Vamos a solicitar como de parte. Como lo han hecho recién, los peritos siempre demoran entre tres semanas y un mes. Vamos a esperar. No creo que nos lo vayan a negar; además, como poder del Estado estamos investigando el caso”, comentó.

Del mismo modo, el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) recalcó la importancia de tener acceso al informe de la Fiscalía sobre dicha pericia.

“Es prerrogativa del presidente Rondón solicitarlo, y me imagino que lo hará. Son elementos que necesitamos y siempre el Ministerio Público nos ha apoyado; ha compartido investigaciones con nosotros, incluso reservadas”, explicó.

INNECESARIO. La congresista nacionalista Ana Jara fue la primera en discrepar del acuerdo de la comisión. Ella consideró que levantar el secreto bancario de la Primera Dama “es un trámite innecesario”, pues esta información podía solicitarse a la comisión Belaunde Lossio.

Según mencionó, su preocupación radica en que el tiempo no va a alcanzar para tener conclusiones lo suficientemente sólidas para remitir lo actuado al Ministerio Público.

“Nosotros habíamos sustentado que estos trámites ya se habían verificado en otros grupos de trabajo y que podíamos solicitar esa información, pero han acordado por mayoría solicitarlo nuevamente. Esperamos que el tiempo alcance para hacer estas investigaciones, porque una vez que se inicie diciembre ya estaríamos prácticamente acabando la legislatura de este año para reiniciarla en marzo (de 2016), ad portas de un proceso electoral”, replicó.

“Me parece que no era lo que correspondía. Uno tiene que partir de supuestos ilícitos y en mérito a eso solicitar a las entidades que te den esa información. Aquí lo que nos han señalado es que es necesario esa información para ver si es que existe desbalance patrimonial”, agregó.

Por su parte, la vocera alterna de la bancada nacionalista señaló que la medida adoptada ayer revela un ensañamiento contra la esposa del Mandatario y su agrupación política.

“Rechazamos completamente esto. Levantar el secreto bancario (de Nadine Heredia) no tiene razón de ser, porque esa investigación ya está en el Ministerio Público y en este momento se está procesando. Entonces, cuál es el sentido de hacer mediático esto cuando ya hay un proceso abierto”, señaló a la agencia Andina.

Según la legislación vigente, el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de un ciudadano puede tramitarse por orden judicial, del Ministerio Público o de una comisión investigadora del Congreso ante la Superintendencia de Banca y Seguros.