La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que preside el juez César Sahuanay Calsín, será la encargada de evaluar las apelaciones que presentaron las defensas del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, a la resolución que dispuso su prisión preventiva durante 18 meses, como parte de la investigación fiscal por los aportes irregulares al Partido Nacionalista para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Así lo confirmaron fuentes del Poder Judicial, las que detallaron a Correo que según la estructura orgánica de la Sala Penal Nacional, a dicho colegiado le corresponde ser la segunda instancia de las decisiones emitidas por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, a cargo de Richard Concepción Carhuancho.

Agregaron que un elemento que refuerza esta decisión es que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ya ha intervenido antes en el caso de lavado de activos abierto contra el expresidente y la ex primera dama.

ANTECEDENTE. Precisamente, el aludido colegiado, en una resolución del 18 de abril pasado, favoreció a Heredia cuando revocó una serie de medidas restrictivas que Concepción Carhuancho le había impuesto, entre ellas la obligación de pedir una autorización judicial para poder salir del país, una regla de conducta que entonces se comparó con un virtual impedimento de salida del país y que alcanzaba a su hermano Ilan Heredia, su madre Antonia Alarcón y a su amiga Rocía Calderón, para quienes también levantó la medida.

Como se recuerda, tal disposición la solicitó el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche, luego de que Heredia Alarcón dejara el Perú con la intención de ocupar su entonces cargo de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sin embargo, la sala que preside Sahuanay, y que también integran los jueces Iván Quispe Aucca y Jessica León Yarango mantuvo dicha restricción en el caso de Ollanta Humala, quien antes de la prisión preventiva debía pedir permiso para salir del país aduciendo que en su caso sí había elementos para ello.