Nueva ley docente sí permite evaluadores del SUTEP

El Ejecutivo presentó ante el Parlamento el proyecto de Ley de Reforma Magisterial (LRM) que, en lo esencial, debe dejar sin efecto los dos regímenes que hoy gobiernan al magisterio peruano: la Ley del Profesorado y la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM).

De contar con el respaldo del Congreso, el proyecto de LRM reemplazará a la vigente CPM y aglutinará en un solo régimen normativo al 100% de maestros nombrados y contratados de la educación pública (unos 280 mil en todo el país).

La Ley de Reforma Magisterial es la versión final aprobada el viernes último tras un debate en el Consejo de Ministros, el cual revisó el proyecto original, denominado Ley de Desarrollo Docente, presentado por la ministra de Educación, Patricia Salas.

La mayor preocupación del gobierno consistió ayer en dejar muy claro que el proyecto legislativo, según declaró el premier Juan Jiménez Mayor, "en absoluto plantea la posibilidad de que un órgano sindical participe en los procesos de evaluación. Eso está descartado".

Jiménez incluso expresó que no entiende por qué "tanto ruido" por una idea que solo fue parte del debate en el Consejo de Ministros.

El sábado, Salas había admitido que el SUTEP participaría en uno de los tres procesos de evaluación a los profesores, de acuerdo con la propuesta legislativa que ella manejaba. Ayer Salas se alineó en este punto con el Premier y lo acordado en el Consejo de Ministros: el SUTEP no participa en la evaluación. Pero el proyecto de ley contradice a Salas en este punto.

¿LEY CON TRAMPA?. Expertos en educación como los doctores León Trahtemberg y Hugo Díaz Díaz, miembro este último del Consejo Nacional de Educación, entre otros, expresaron preocupación porque la propuesta del Ejecutivo mantiene el esquema de "un representante de los profesores" en los comités de evaluación.

Según el artículo 17 del proyecto, el concurso para el ingreso a la CPM tiene dos etapas. La primera está a cargo del Ministerio de Educación y la segunda bajo responsabilidad de la institución educativa entre quienes hayan aprobado la primera.

Pues bien, el artículo 18 del proyecto de Ley de Reforma Magisterial señala textualmente: "Comité de evaluación para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial. La evaluación a nivel de institución educativa la realiza un comité de evaluación presidido por un director de la institución educativa e integrado por el coordinador académico del área y un representante de los profesores de la modalidad, forma o nivel educativo del evaluado. Participa también un representante de los padres de familia del consejo educativo institucional CONAI con voz y voto".

A juicio de León Trahtemberg, no se justifica la presencia de representantes de profesores en el comité de evaluación, entre otras razones porque, en la práctica, todos los profesores, afiliados o no al SUTEP, tienen al SUTEP como referente, pues difícilmente escapan a su influencia.

"En el magisterio, los representantes de los profesores generalmente son los que tienen más actividad política y de una u otra manera terminan vinculados al SUTEP", dijo.

"Pueden haber maestros que no están formalmente afiliados al sindicato, pero es muy difícil que en un colegio no tenga presencia el SUTEP", agregó.

La evaluación de profesores debería estar a cargo del director y el equipo académico de cada colegio, en opinión del experto.

Trahtemberg explicó que los profesores son contratados para hacer actividad profesional, pero no son los funcionarios nombrados por el Estado para dirigir el centro educativo ni tampoco la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

NO DESCARTA. Según el doctor Hugo Díaz Díaz, "no necesariamente será el SUTEP el que evalúe a los profesores" en la nueva propuesta legislativa, pero tampoco descarta esa posibilidad.

"Desde mi punto de vista -dijo a Correo-, lo ideal hubiese sido que la evaluación de los maestros quede exclusivamente en manos del director y el equipo directivo del colegio, porque de lo que se trata es de fortalecer la escuela".

La propuesta de Díaz es fortalecer al director y al equipo directivo responsable de seleccionar y evaluar al personal. "Al final de cuentas, son ellos los que tendrán que rendir cuentas, y no el representante del profesorado, precisó.

LICENCIA SINDICAL. En la apreciación de Hugo Díaz Díaz, el proyecto de ley es ambiguo e impreciso en el tema de las licencias con goce de remuneraciones a los dirigentes del sindicato.

El artículo 69 del proyecto establece doce razones, una de ellas el apartado "a.12", que dice escuetamente: "Por representación sindical".

El tema no es insustancial. Hubo épocas en que el Ministerio de Educación llegó a tolerar hasta 500 licencias para dirigentes del SUTEP. En algunas regiones había hasta 30 líderes gremiales que no trabajaban la mayor parte del año, pero cobraban puntualmente sus remuneraciones.

La ley todavía vigente tendía a reducir el número de licencias de 260 a 36 a nivel nacional, pero el proyecto no hace precisiones.

"En algún momento hubo abusos. Entonces se trató de reducir. En la gestión del ministro José Chang, se acordó un solo delegado por región. Eso creo que habría que precisarlo bien, porque hay ciertos gobiernos regionales que incumplen esto. Hay que ser bien claro; no en la ley quizá, pero sí en el reglamento", recomienda Díaz Díaz.

LADO POSITIVO. Trahtemberg y Díaz coinciden en que el mayor aporte del proyecto de ley es que trata de incorporar al cien por ciento de los profesores en un mismo régimen. "Creo que eso es la cosa importante", dijo Díaz.

Sin embargo, se preguntó con inquietud si el Estado tiene en este momento la capacidad para gestionar y administrar con eficiencia y presupuesto la incorporación súbita de alrededor de 225 mil maestros que están aún fuera de la antigua Carrera Pública Magisterial. "Mi gran preocupación es el tema de la gestión", remarcó.

Trahtemberg consideró que la nueva ley le quitará el "caldo de cultivo" al movimiento magisterial prosenderista Conare, robustecido por el clamor de más de 200 mil maestros que se sentían excluidos de la CPM y los aumentos salariales.

MIRADA OFICIAL. Según el punto de vista del gobierno, el proyecto de LRM está orientado a reivindicar a todos los maestros sin excepción, e incide en la meritocracia, la capacitación y la mejora remunerativa. La propuesta, según el oficialismo, acaba con dos regímenes laborales que han venido enfrentando a los maestros y establece un marco normativo más coherente para superar las deficiencias actuales.

Los considerandos del proyecto aseguran que permitirá a los maestros mayores oportunidades de ascenso e incrementos remunerativos durante su vida laboral, con base en la calidad de su desempeño profesional.

Entre otros aspectos, incorpora la propuesta mediante la cual los maestros que han sido condenados por terrorismo, delitos contra la libertad sexual, narcotráfico y corrupción, serán separados definitivamente.