Un reportaje de “Punto Final” reveló que 65 de los 195 integrantes del próximo Congreso bicameral registrarían investigaciones, procesos judiciales o antecedentes por diversos presuntos delitos.

Según la Unidad de Investigación de Latina Noticias, la revisión comprende a los parlamentarios que ejercerán funciones durante el periodo 2026-2031 e incluye a 25 senadores y 40 diputados.

De acuerdo con el informe, los legisladores afrontarían investigaciones por presuntos delitos como lavado de activos, peculado, organización criminal, estafa, contrabando, usurpación, negociación incompatible y violencia, entre otros.

Los casos involucran a representantes de diversas agrupaciones políticas, entre ellas Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras.

La investigación también identificó congresistas con antecedentes judiciales. Entre ellos figuran el diputado Segundo Ticllia Rafael, condenado en 2022 a cuatro años de prisión suspendida por hurto agravado, y Dina Hancco, sentenciada en 2017 a tres años y seis meses de prisión suspendida por contrabando.

Asimismo, algunos parlamentarios acumulan múltiples investigaciones, como Edgar Alvarón de la Cruz, quien registra ocho procesos por presuntos delitos contra la administración pública.

Varios legisladores consultados señalaron que las investigaciones fueron archivadas, ya concluyeron o permanecen en trámite, por lo que recalcaron que no existe una sentencia firme en su contra. Otros evitaron pronunciarse o negaron tener procesos vigentes.

Especialistas advirtieron que los partidos políticos contaban con mecanismos para verificar los antecedentes de sus candidatos durante el proceso electoral.

Así, el nuevo Congreso bicameral iniciará funciones con decenas de parlamentarios bajo investigación o con antecedentes judiciales, situación que vuelve a poner bajo escrutinio la selección de candidatos por parte de las organizaciones políticas.

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