Odebrecht: Jorge Barata podría dejar de colaborar con la justicia peruana

Esta semana, la constructora brasileña Odebrecht habría advertido que Jorge Barata, su exdirectivo para su sede en Perú, dejaría de colaborar con la justicia peruana debido a que se estarían incumpliendo algunas de sus demandas. Es por eso que la empresa pondría condiciones para ayudar en el proceso.

La alarma ante esta posibilidad hizo que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, salga a desmentir que estuviera en peligro el proceso de colaboración eficaz de algunos directivos de la empresa brasileña.

Sin embargo, el martes no se pudo ocultar las inconsistencias en el proceso. José Domingo Pérez y Germán Juárez, los fiscales de lavado de activos que investigan los aportes de Odebrecht a las campañas de políticos, viajaron a Brasil para interrogar a Gilberto Silva, quien estuvo a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas, área que se encargaba de las “coimas”. Allá, la Procuraduría brasileña les informó que Silva no declararía, por disposición de la empresa Odebrecht.

Ante esta situación los fiscales que encabezan los dos sistemas que investigan el caso Lava Jato, el equipo especial anticorrupción y el de lavado de activos decidieron manifestarse en público.

“No es cierto que el proceso de colaboración se haya quebrado, por el contrario, nos encontramos trabajando activamente en el marco de la cooperación jurídica internacional”, dijo Hamilton Castro, coordinador del Equipo Especial de la Fiscalía.

En tanto, el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos dijo que “es falso que se haya pateado el tablero, pues puede existir la percepción de que el proceso de colaboración se encuentre entrampado, pero todo ello es parte de un proceso normal de negociación y existen los mecanismos legales para superar dichos impases, que se encuentran contemplados en el Código Procesal Penal”.

Contexto con coincidencias

Asimismo, luego de que otro fiscal, José Castellanos, ajeno al caso Lava Jato, pero que investiga una presunta organización delictiva presuntamente encabezada por el expresidente Alan García, allanara el almacén que guarda millones de documentos de Odebrecht. También, el funcionario incautó los contratos que la empresa brasileña hizo a Transportes Don Reyna.

En ese entonces, el despacho del fiscal Castellanos le solicitó información del almacén a la oficina del equipo especial. Tras ello, el 20 de junio, José Castellanos allanó el almacén.

El juez Richard Concepción Carhuancho fue quien autorizo en allanamiento, mediante una resolución judicial. El magistrado consigna que el despacho del fiscal Castellanos había solicitado documentos a Odebrecht en varias ocasiones. Sin embargo, la constructora no había enviado lo requerido. Por consecuencia, el fiscal Castellanos tuvo que allanar el almacén para obtener los papeles.

El tema relacionado a Transportes Don Reyna sería lo que más incomodaría a los ejecutivos brasileños, ya que los otros dos, el de la reparación civil -del caso Lava Jato- solicitada por la Procuraduría y el de la adición de Barata como responsable en otros casos, son cuestiones que la empresa Odebrecht conoce hace varios meses.