Odebrecht no habría dicho toda la verdad sobre sobornos en el Perú
Odebrecht no habría dicho toda la verdad sobre sobornos en el Perú

Para muchos fue una omisión deliberada, para otros, falta de diligencia en las investigaciones. Fuera de cualquier conjetura, lo objetivo es que mientras Odebrecht no ha reconocido pagos irregulares en el Gasoducto Sur Peruano, por lo que este proyecto no es parte del acuerdo de colaboración eficaz entre la brasileña y el Estado peruano, el servicio de mensajería interna Drousys de la constructora evidencia millonarias transferencias relacionadas con dicha obra.

En efecto, ayer trascendió que dicha plataforma de comunicaciones registra 17 abonos bajo el rótulo “Gasoducto Sur Peruano” -el nombre del proyecto en portugués-, los que en conjunto suman 3 millones 70 mil dólares. Tales transferencias se efectuaron entre setiembre y noviembre del 2014, poco más de tres meses después de que se otorgó la buena pro del proyecto a un consorcio integrado por Odebrecht.

La información detalla los codinomes (seudónimos) de los receptores, “Princesa” (con dos pagos por un total de 900 mil dólares), “French” (500 mil dólares), “Magali” (cuatro depósitos por una suma final de 450 mil dólares) y “Gaza” (tres pagos por 430 mil dólares en total). Este último tiene como beneficiario la cuenta de la firma CGZ Ingeniería Corp. del actual vicegobernador del Callao, Constantino Galarza.

No sería el único

Aunque fuentes del Ministerio Público aseguraron a Correo que esta información se entregó hace unos días al fiscal  miembro del Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público, en el marco del mencionado convenio, el destape fue producto de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la que además sostiene que el Perú no es el único país en el que la empresa en cuestión ocultó información sobre supuestos sobornos.

En República Dominicana, por ejemplo, trascendieron depósitos por más de 39 millones de dólares vinculados con la construcción de la central termoeléctrica de carbón de Punta  Catalina. De similar forma, se encontraron pagos por 18 millones de dólares relacionados con una red de subterráneos en la ciudad de Panamá, así como 34 millones de dólares asociados con la Línea 5 de la también red de subterráneos de Caracas, en Venezuela.

En Ecuador, asimismo, la constructora admitió coimas por 33.5 millones de dólares en cinco obras públicas. No obstante, según el ICIJ este ascendería a 51 millones de dólares en siete proyectos. Entre la información obtenida destacan correos en los que se discuten pagos secretos de un banco -de propiedad de operarios de Odebrecht- a empresas fantasma, todos relacionados a un contrato de 2000 millones de dólares para la construcción de una red de subterráneos en Quito.

Dicho sea de paso, fue el periodista de un medio ecuatoriano, Andersson Boscan (fundador de La Lupa y parte del ICIJ), quien consiguió la información que destapó estos nuevos casos, gracias a un informante que le dejó -escondida debajo de una Biblia, en un hotel de Quito- una memoria externa con 33 mil archivos sobre sobornos que no habría reconocido la empresa.

La fuente le aseguró a Boscan que la brasileña no fue sincera al momento de admitir en qué proyectos de infraestructura pagó coimas y que, más importante aún, tenía cómo probar tal versión, en la que se incluye el Gasoducto Sur Peruano, cuya información sobre sospechosos pagos difundió ayer el portal de investigación Convoca, parte del ICIJ.

Más diligencias

Sobre el tema, nuestras fuentes en la Fiscalía agregaron que producto de estas revelaciones, la propia Odebrecht ha propuesto programar nuevos interrogatorios en Brasil, diligencias que apuntan principalmente a , exrepresentante de la firma en el Perú, y a Ricardo Boleira, antes superintendente de la compañía en nuestro país. La investigación respectiva, en etapa preliminar, la conduce Geovana Mori. 

Es válido

Pese a que diversas voces afirman que los pagos en el gasoducto conducirían a la nulidad del acuerdo de colaboración de Odebrecht -puesto que sus directivos habrían ocultado las transferencias vinculadas a este proyecto-, Katherine Ampuero, exprocuradora ad hoc del caso, aseveró que el convenio se mantiene válido.“Las versiones al respecto (sobre la anulación) son opiniones interesadas, principalmente de abogados de personas vinculadas en el caso ‘Lava Jato’”, dijo a este diario.

La abogada precisó que hay una cláusula en dicho documento que estipula que de hallarse evidencias de corrupción en alguna obra no comprendida en el acuerdo, el eventual caso debe agregarse. Ampuero insistió en lo pernicioso que es este convenio para el Perú, puesto que además -aseguró- permitió que casi todo el dinero producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla salga del país.

“No es posible que la Fiscalía y la administración de Justicia dependan de Odebrecht. Ya debería preguntarle (a sus exdirectivos) por todas las obras de una vez”, sentenció. Añadió que la constructora habría ocultado la información sobre el gasoducto de manera dolosa, es decir, “con consciencia y voluntad, adrede”.

A su turno, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, exintegrante de la comisión “Lava Jato”, sostuvo que todo esto evidencia que Barata y los colaboradores de la brasileña mintieron al decir que solo hubo actos de corrupción en cuatro obras (Línea 1 del Metro de Lima, Interoceánica Sur, Costa Verde del Callao y Vía de Evitamiento Cusco) y consideró que este caso se debe adicionar al convenio.

No hay omisión

Por su parte, Odebrecht difundió un comunicado en el que negó alguna omisión en la entrega de información. Mediante su Twitter, refirió que no se puede afirmar que todos los proyectos mencionados en los sistemas Drousys y My Web Day están relacionados a corrupción.La empresa agregó que “espera ser reconocida no solo por la consistencia de su colaboración, sino también por la transformación que emprendió”.

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