El expresidente Ollanta Humala solicitó su libertad mediante un pronunciamiento difundido el 15 de enero, al cumplirse nueve meses de prisión preventiva, en el que cuestionó la legalidad de su situación judicial.

En el mensaje, sostuvo que permanece privado de su libertad por hechos que, según afirmó, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han determinado que no constituyen delito.

Humala hizo referencia al sobreseimiento definitivo del caso “Cócteles”, relacionado con presunto lavado de activos por aportes de campaña, y planteó que dichos fallos confirman que este tipo de aportes no configuran delito.

En ese contexto, se preguntó por qué continúa en prisión preventiva si las resoluciones judiciales han archivado investigaciones similares.

En su declaración, el exmandatario señaló que él y su familia llevan una década sometidos a un proceso judicial que, a su juicio, carece de pruebas y testigos, y denunció un trato desigual ante la ley.

Asimismo, afirmó que su familia se vio obligada a salir del país y exigió el cese del acoso judicial, precisando que el mensaje fue dictado por vía telefónica y publicado posteriormente en sus redes sociales.