Ollanta y Nadine anuncian denuncia contra instituciones que retrasan su liberación

Pasarán de investigados a acusadores. Los defensores legales del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine Heredia Alarcón, anunciaron que interpondrán una denuncia por abuso de autoridad contra quienes resulten responsables del retraso de su excarcelación, la que dispuso el Tribunal Constitucional (TC) en una resolución emitida el último jueves.

Julio César Espinoza, uno de los abogados de la ex “pareja presidencial”, precisó desde los exteriores del establecimiento penal de Barbadillo, en Ate, que un notario constatará en dicho reclusorio que el exmandatario continúa tras las rejas, pese a que un fallo del máximo organismo constitucional ordena lo contrario.

Agregó que lo mismo se hará en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permanece, al cierre de esta edición, la ex primera dama.

“Como segunda acción, comunicamos que vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía Penal de turno permanente por delito de resistencia a la autoridad. Denunciaremos a quienes resulten responsables”, exclamó.

El letrado, en ese sentido, demandó a funcionarios del Poder Judicial (PJ) y del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que cumplan la resolución del TC en el plazo más corto posible.

“No es posible, no es admisible, que una decisión que ha sido dictada por el máximo órgano de interpretación de la Constitución no se cumpla hasta estas alturas. Por supuesto, anunciamos que realizaremos, inclusive, algunas otras acciones legales que legítimamente nos corresponden”, advirtió.

Asimismo, invocó al ministro de Justicia, Salvador Heresi, que adopte las medidas necesarias para que el Inpe -entidad que depende de su portafolio- no incurra en retrasos durante la excarcelación de sus patrocinados.

“No podemos permitir, entonces, que ocurran estas dilaciones indebidas. Además, no podemos aceptar que se intente cuestionar o poner en duda la legitimidad de la sentencia que se ha dictado. Es una sentencia que ha sido dictada por cuatro magistrados; en mayoría, es cierto, pero es una sentencia absolutamente legítima en cualquier lugar del mundo”, enfatizó.

Espinoza también aprovechó la oportunidad para rechazar las críticas al fallo de Marianella Ledezma, uno de los tres miembros del TC que votó en contra de la libertad del matrimonio Humala-Heredia.

“Nosotros le guardamos muchísimo respeto, por ser una mujer magistrada que lleva dignamente su función, pero también tenemos que señalar que no puede cuestionarse, desde el interior del propio TC, una decisión que ya ha sido adoptada y que tiene calidad de cosa juzgada”, remarcó.

SECUESTRO

Su colega Alberto Otárola coincidió con este parecer y dijo que este “secuestro” se produce por la inacción de las instituciones -y su personal- que tienen el encargo de ejecutar la excarcelación.

Al respecto, sostuvo que la mañana de ayer el TC notificó al procurador del PJ en su domicilio legal de la avenida Petit Thouars.

“En consecuencia, el Poder Judicial ya tiene pleno conocimiento de la orden del TC (...) hacemos una invocación enérgica, como abogados de la causa, para que pongan fecha y hora y se determine la libertad del presidente Humala y la señora Heredia”, anotó.

Luego de un breve diálogo con Ollanta Humala, Otárola refirió que el exmandatario -como también lo hizo el último viernes en su Twitter- quiso expresar mediante sus defensores su protesta y su indignación, pues “él se considera, en estos momentos, un secuestrado”.

“HAY RESISTENCIA”

“Lo que vemos es una resistencia pasiva, una falta de interés en que esto se ejecute. No queremos ver aún, queremos esperar las próximas horas, una manipulación política o un interés de aquellos enemigos que siempre persistieron para que Ollanta y Nadine estén en prisión”, señaló.

En ese sentido, apeló “al más alto grado de civilidad y de susceptibilidad constitucional” del presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, para que de inmediato disponga los mecanismos internos que permitan la liberación.

“¿Qué estamos esperando para que se ejecute esta medida y puedan salir de la prisión donde estuvieron indebidamente detenidos?”, subrayó.

Para reforzar esta idea, el abogado Wilfredo Pedraza aseguró que la ex “pareja presidencial” está sometida a un procedimiento lento y burocrático “inadmisible en un Estado de Derecho”.

“Recordemos que hay audiencias, fines de semana, madrugada, para dictar prisiones preventivas, pues la misma lógica tendría que usarse para ordenar libertades”, concluyó.

SIN NOTIFICACIÓN

Agregó que, luego de la resolución del máximo organismo constitucional, “obviamente” todos los que están bajo prisión preventiva van a querer accionar y presentar sus recursos de hábeas corpus, pero que le corresponde a dicha institución resolver cada caso particular.

Otárola

El abogado Alberto Otárola precisó que es el 47° Juzgado Penal de Lima el encargado de notificar al Inpe la liberación de la ex “pareja presidencial”.

Agregó que el artículo 22 del Código Procesal Constitucional dispone que la ejecución de los procesos constitucionales corresponde al “juez de la demanda”, en este caso, la mencionada instancia.