Al menos 11 congresistas se mantienen en sus partidos a pesar de haber afrontado denuncias por recorte salarial, infringir al Código de Ética Parlamentaria o por abandonar su escaño para viajar al extranjero por temas personales.

Según un conteo de Correo, los involucrados pertenecen a Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular, Fuerza Popular (FP) y Podemos Perú (PP).

recuento. El primero de esta lista es el legislador Juan Carlos Lizarzaburu de Fuerza Popular. Su caso es distinto al resto porque si bien no se le imputa un cargo delictivo, se le acusa de burlarse y agredir verbalmente a su colega de bancada Patricia Juárez.

Fue a mediados de diciembre, en una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que Lizarzaburu olvidó su micro prendido e hizo comentarios sobre el cuerpo de su colega.

Pese a las pruebas, a los vídeos y a los testigos, Fuerza Popular apenas abrió un proceso disciplinario que aún no concluye.

Digna Calle es otra legisladora que no recibe ninguna sanción. Pese a las crítica a sus ausencia e inasistencias, Podemos aún la mantiene en sus filas.

Como sabemos, Calle dejó el Parlamento más de nueve meses y despachaba desde Estados Unidos.

Magaly Ruiz, de Alianza Para el Progreso, no es ajena a esta nómina. La parlamentaria fue acusada de recortarle el sueldo a sus trabajadores.

El año pasado, la Comisión de Ética decidió blindarla al imponerle una amonestación pública con multa de 30 días de descuento en vez de suspenderla. Pese a esto, su partido la respalda.

Rosio Torres, también de APP, tuvo la misma suerte. En junio pasado, Ética varió su suspensión de 120 días por apenas una amonestación con 30 días de multa.

La legisladora fue acusada de obligar a sus trabajadores a entregar dinero.

En Acción Popular, la situación se mantiene en la incertidumbre con tres “mochasueldos”. El secretario general, Juan Abad, ratificó ayer a Correo que el caso se volverá a ver durante su gestión porque el anterior Tribunal de Disciplina no estaba reconocido. Ahora, convocará a un Plenario Nacional para el 3 de febrero con el fin de elegir al tribunal para iniciar los casos.

En esta lista también se encuentra Enrique Wong, de Podemos, que fue suspendido por intervenir en la designación de su asesor principal como presidente de ENAPU en el gobierno de Pedro Castillo.

Finalmente, está el caso de Alejandro Soto, presidente del Congreso, investigado por la presunta comisión del delito de concusión. Ello luego de que se revelara que trabajadores de su despacho entregaban una cuota voluntaria de su remuneración para favorecerlo en las redes sociales.