A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta su mayor crisis institucional, pues la Fiscalía Anticorrupción anunció que aplicará una “ingeniería inversa” para reconstruir paso a paso cada decisión, contrato y comunicación adoptada antes de las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril.

Punto Final reveló que entre los delitos figuran el de favorecimiento contractual y fraude electoral.

DENUNCIA DE UN REPRESENTANTE DE RENOVACIÓN POPULAR

Una nueva denuncia, presentada por un representante de Renovación Popular, añade otro frente a la investigación. El denunciante aportó una opinión grafotécnica y una primera lista de 59 actas electorales con presuntas firmas falsificadas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Áncash y Apurímac.

El 27 de abril amplió la denuncia con dos listas adicionales que suman 236 y 291 actas observadas.

Uno de los casos que generó dudas fue el acta 900090 del distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, donde de 246 ciudadanos habilitados solo 175 ejercieron su voto y se detectaron supuestas inconsistencias en los apellidos de los miembros de mesa. Sin embargo, Punto Final, al contrastar los datos en Reniec, los registros coincidieron plenamente.

En el caso de las firmas observadas en otras actas, será un peritaje oficial que confirmará la autenticidad de las mismas, si corresponde o no a las que figuran en el DNI.

INVESTIGACIÓN INVERSA

Entre otras denuncias están la de funcionarios clave de la ONPE. Para el Ministerio Público, José Samamé Blas y Juan Antonio Phang Sánchez cumplieron un rol clave en la elaboración de los requerimientos técnicos y términos de referencia de las contrataciones. Estas condiciones habrían favorecido a la empresa Galaga.

Sumado a ello, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, designó a Samamé Blas, pese a que no contaba con la experiencia funcional en el área operativa. Posteriormente, Samamé designó a Phang Sánchez como subgerente de Producción Electoral.

La Fiscalía advierte que Galaga presentó a la ONPE una relación de 70 conductores; no obstante, al revisar la planilla de febrero de 2026, se constató que solo contaba con 33 personas.

A pesar de las inconsistencias encontradas, Samamé habría mantenido vigente el contrato sin adoptar medidas correctivas.

Debido a estas irregularidades, Samamé Blas fue detenido el 13 de abril de 2026, incautándose su celular. Lo que llama la atención es que se encontró una conversación realizada desde el mismo número telefónico con su exsuegra, situación que genera una interrogante sobre el posible acceso irregular al dispositivo o el uso paralelo de líneas y respaldos digitales.

A ello se suma que, tras revisar el celular de Phang Sánchez, se halló una presunta modificación digital de documentos oficiales. El 14 de abril se realizaron modificaciones digitales al ‘Acta de Inicio de Servicio’ del 10 de abril.

En total, hasta el momento se acumulan 76 denuncias vinculadas a irregularidades en las elecciones.