El allanamiento a los locales de Perú Libre, ejecutado el último sábado por la Fiscalía de Lavado de Activos, ha puesto en relieve, nuevamente, la situación legal de los partidos políticos investigados por el Ministerio Público.

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Además de Perú Libre, hay otras tres agrupaciones que tienen cuentas pendientes con la justicia: Fuerza Popular, el Partido Nacionalista Peruano y el APRA.

Sobre Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido su disolución y liquidación, tras señalar que su lideresa y los demás coacusados enquistaron una organización criminal paralela al partido que habría recibido financiación ilícita de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.

Este caso entra hoy a la etapa de control de acusación que, según especialistas consultados, tomará al menos dos años antes de entrar al juicio oral, por la cantidad de acusados y de documentación.

Humala

Una similar situación enfrenta el Partido Nacionalista, que encabeza el expresidente Ollanta Humala, acusado por el presunto financiamiento ilícito de su campaña de 2006 y 2011 por parte del gobierno venezolano y Odebrecht.

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En febrero del 2021, el Poder Judicial concluyó el control de acusación que presentó el fiscal Germán Juárez contra Humala, su esposa Nadine Heredia y otros por lavado de activos. El Partido Nacionalista está incluido como persona jurídica y el fiscal Juárez ha solicitado su disolución.

Hasta la fecha, el Poder Judicial no ha fijado fecha para el inicio del juicio oral.

La estrella

Asimismo, el APRA está incorporado en una investigación -como persona jurídica- por los presuntos aportes que habría recibido de Odebrecht para la campaña de Alan García en el año 2006.

Ante el Equipo Especial ‘Lava Jato’, Jorge Barata, exrepresentante de la empresa brasileña en el Perú, precisó que el monto entregado fue de 200 mil dólares por pedido del exministro Luis Alva Castro.

Otros partidos como Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Popular Cristiano y el Partido Morado tienen a sus líderes y/o militantes investigados por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.