La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que convoque a diez congresistas de diversas bancadas, quienes presuntamente estuvieron involucrados en negociaciones con su exasesor, Jaime Villanueva, con el fin de que proporcionen sus testimonios.
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La defensa legal de Benavides, Jorge del Castillo, envió un oficio al presidente del organismo autónomo, Antonio de la Haza, para que cite a diez legisladores de las bancadas Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Perú Bicentenario para que testifiquen en el caso abierto contra la exfiscal.
De acuerdo al documento revelado por el diario El Comercio, los congresistas citados serían Martha Moyano, Alejandro Soto, José Williams, Ernesto Bustamante, Idelso García, Lady Camones, Gladys Echaíz, Luis Alegría, José Balcázar y Patricia Chirinos.
Se sostiene que la citación permitiría que los legisladores brinden su testimonio sobre la posibilidad de que hayan realizado coordinaciones directa o indirectamente con la suspendida titular del Ministerio Público a cambio de algún beneficio. Esto sería presentado como pruebas ante el proceso disciplinario inmediato por el cual fue suspendida.
Es importante señalar que los parlamentarios Camones, Echaíz, Alegría, Balcázar y Chirinos fueron mencionados tanto en los chats de WhatsApp del exasesor Jaime Villanueva como en la denuncia fiscal presentada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop).
Además de los 10 legisladores mencionados, Del Castillo también requirió la convocatoria del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el abogado Pedro Cartolín, quien presentó su postulación para la Defensoría del Pueblo, y la exgerenta de la Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público, Doris Celina López García.
Por último, instó a la JNJ a requerir a la Fiscalía los resultados de la pericia informática que verifica la autenticidad de las comunicaciones de WhatsApp de Villanueva. Estas comunicaciones fueron fundamentales para iniciar de inmediato el procedimiento disciplinario contra Benavides.
Es importante recordar que, según los testimonios proporcionados por Villanueva al Ministerio Público, los requerimientos a los legisladores estaban relacionados con la aprobación de la destitución de Zoraida Ávalos, así como con la remoción de los miembros de la JNJ, y finalmente, con la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.
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Además de los 10 parlamentarios, también requirió la convocatoria del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.