La congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti, de quien pide su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años por infracción a varios artículos de la Constitución.

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En los fundamentos de la denuncia -que será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales- se indica que Sagasti, según el portal de transparencia, se reunió el 21 de julio del 2021 con Franco Pomalaya, José Luis Quispe, el sobrino del presidente, Gian Marco Castillo, así como Bruno Pacheco a fin de beneficiar a este último como secretario general.

“El  26 de julio de 2021, a través de la resolución N° 000047-2021-DP/SG6 , precisamente dos días antes de que el acusado culmine con su mandato presidencial, se modifica el Clasificador de Cargos del Despacho Presidencial, documento que fue firmado por el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Félix Alcides Pino Figueroa (...)  se eliminan todos los requisitos señalados líneas arriba, y se detalla el siguiente perfil sin dar mayores especificaciones: designado por el presidente de la República”, se alega.

Asimismo, se alega que Sagasti paso al retiro a 18 generales de la Policía Nacional a fin de que se designe a César Cervantes Cárdenas como comandante general de esa institución, quien no cumplía con el requisito para asumir dicho cargo.

“El general Cervantes Cárdenas ocupaba el puesto dieciocho (18) en el escalafón de oficiales de armas – vale decir, por debajo de los tres (3) tenientes generales y de diecisiete (17) generales. Motivo por el cual, no podía ser designado comandante general de la PNP sin contravenir el orden de prelación expresamente establecido en el Art. 8° de la Ley de la Policía Nacional del Perú”, se acota.

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Se agrega que dichas resoluciones supremas atentan contra el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, puesto que por mandato constitucional el presidente de la República personifica a la Nación y “está obligado cumplir Carta Magna y nuestro ordenamiento jurídico”

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