La congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, una de los once legisladores acusados por promover la ley que permitió el cobro de remuneración y de pensión a militares y policías, anunció que también está preparando una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
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Más temprano, la Fiscalía de la Nación informó que a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra once congresistas por el presunto delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.
Se trata de José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez, quienes han sido comprendidos en el caso como presuntos autores del delito de negociación incompatible.
Según el Ministerio Público, los legisladores habrían favorecido la aprobación de un dictamen en el que se les permitía recibir simultáneamente sueldo y pensión, lo que violaría principios de incompatibilidad en el ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo al comunicado de la Fiscalía de la Nación, los congresistas en su calidad de miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas (2021-2022), presuntamente actuaron en favor de la aprobación del Proyecto de Ley 319 con su texto sustitutorio.
Por su parte, Patricia Juárez dijo que no hubo ninguna “negociación incompatible” ni beneficio indebido, y lamentó que haya “un manejo inadecuado de parte de la Fiscalía en seguir persiguiendo a políticos”. “Yo voy a trabajar con mi equipo, una denuncia constitucional contar la Fiscal de la Nación porque creemos que está realmente yendo, infraccionando la Constitución Política del Perú. Creemos que tiene que, por lo menos, haber revisado el artículo 93 de nuestra Constitución”, indicó.
Señala que el pago simultáneo de pensión y sueldo fue una medida legal y que la decisión se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional.
La congresista de Fuerza Popular considera que la fiscalía debería desistir de la misma, pues no tiene base legal y está infringiendo los derechos de los parlamentarios, especialmente el artículo 93 de la Constitución que protege la inviolabilidad del voto de los legisladores.
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