Injusticia y abandono es lo que siente la familia del fallecido comandante EP Juan Valer Sandoval, abatido durante el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón por parte del MRTA en 1997.Ese sentimiento no pueden dejarlo de lado tras conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana (Corte IDH) que los comandos sean procesados en el fuero civil.Patricia Valer Sandoval, hermana del abatido comandante e integrante de la Asociación de Defensa de Comandos de Chavín de Huántar, señaló que habla por su hermano muerto.“En nuestra familia Valer Sandoval no sabemos qué es lo mejor: si que Juan esté muerto o pasar por todas las penurias que están pasando sus compañeros en estos momentos, porque son 11 años que han estado en procesos judiciales, los absolvieron y ahora nuevamente se los quiere perseguir”, expresó consternada.Añadió que la CIDH no debería estar polarizada, pues los derechos humanos son de todos y también incluyen a los comandos “Chavín de Huántar”. “Ellos también tienen derechos humanos”, aseguró a Correo.¿Y NUESTROS DD.HH.? Sin embargo, Patricia Valer también cuestionó al Estado, a la CIDH y a la propia Corte IDH por no preocuparse por los 25 comandos que resultaron discapacitados tras el operativo “Chavín de Huántar”.“¿Y quién responde por esos 25 discapacitados de 'Chavín de Huántar'? Salieron de baja... ¿Y? ¿Que la suerte los acompañe? ¿Por qué no cuidar y velar por los intereses de estos héroes que de una u otra manera contribuyeron a la disminución de los ataques terroristas. Ya se murieron dos comandos y se murieron con el juicio en su espalda”, se quejó.La hermana de Valer también le pidió al presidente Ollanta Humala que haga algo en este caso, pues ha sido militar la mayor parte de su vida y sabe que los comandos no son unos asesinos.Patricia, junto a la madre del coronel Valer, Aurora Sandoval viuda de Valer, lamentó que la juventud de ahora no recuerde lo que nos hizo el terrorismo.“Los terroristas dejaron 60 mil muertos en una guerra que quizá hubiera seguido acá en Lima, pues en provincias fue peor. Quizá tú y yo no estaríamos aquí sentadas. Hubo un retraso tremendo, hubo más de 300 millones de dólares en bajas económicas”, comentó Patricia.Cuestionó además que algunas ONG como Aprodeh se dediquen a la defensa de terroristas y defiendan la insania que los subversivos cometieron.“Entonces, ¿de qué derechos hablamos? Mi hermano no murió de un balazo, ni de dos ni de tres, murió de siete balazos, con orificios de entrada y salida, con la pierna llena de cortes hecho por puñales. ¿Acaso no eran suficientes un balazo o dos?”, sostuvo.Señaló además que si su hermano estuviera vivo, lo pensaría dos veces antes de ofrecer su vida.“Yo me pregunto: si es que hubiera nuevamente un secuestro de terroristas como el que ocurrió en la embajada japonesa, ¿qué comando va a querer intervenir y dar su vida para salvar a los rehenes? Ninguno, porque van a ser perseguidos judicialmente después”, afirmó.EMPLAZA A ONG. Patricia Valer cuestionó también las afirmaciones de la directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, quien defiende los derechos de los terroristas del MRTA que ingresaron a la residencia del embajador japonés.“(En la CIDH) son polarizados, señora Rocío. Yo quiero saber si en esa denuncia figura algo más que la parte de la indemnización. Para su conocimiento, los comandos están siendo procesados. Se lo digo para que no comience a parcializarse y a pedir abundancia de derechos humanos pero sólo para un sector”, le reclamó. “¿Por qué hacer leña de esta gran obra con los comandos de 'Chavín de Huántar'? ¿Acaso ellos planificaron la compra de kilos de anfo e hicieron las mechas y dijeron vamos a matar a tantas personas, como hicieron los terroristas en Tarata? Ellos fueron a rescatar a 72 rehenes. No abran más brechas entre peruanos”, dijo indignada.UNA VERGÜENZA. Por su parte, Raúl Jiménez Rivera, padre del teniente EP Raúl Jiménez -también muerto durante la toma de la residencia del embajador de Japón-, lamentó que el Estado y hasta organismos que deberían velar por la equidad de los derechos otorguen “gollerías” a los terrororistas y les importen más las vidas de éstos que las de quienes la ofrendaron por defender el Estado de Derecho.“Los derechos humanos son una desgracia porque al parecer no son para todos. Porque lo primero que hace la CIDH, la Corte y hasta algunos jueces del Poder Judicial es ir donde los terrorista y decirles si los han tratado bien, si les están dando de comer bien, si están en buenas condiciones”, cuestionó Jiménez Rivera.“¿Y a los que han sufrido la pérdida de sus hijos? No sólo el mío, sino de otros. ¿Por delicadeza, los defensores de los derechos humanos se acercaron a decir que sentían la pérdida de su hijo? No, nada. Todo es para los terroristas, gente que no cree en nadie y que hoy quiere formar un partido político. Es una sinvergüencería”, sostuvo indignado.Por ello, consideró una “vergüenza” esta acción de la CIDH contra los comandos, pues en el extranjero esa operación ha sido considerada la mejor del mundo. Recordó enseguida que en Estados Unidos se ha seguido un curso sobre esta operación y que desde Colombia vinieron al Perú a estudiar esta estrategia con el fin de usarla en el rescate de Ingrid Betancourt.“Es por eso que el Presidente, el comandante Humala, debe poner fin a eso, a esos malos funcionarios. Es un escándalo. ¿Cómo es posible que a gente que ha sacrificado su vida se le quiera meter preso? No es posible”, indicó.ES UNA HUMILLACIÓN. Entre tanto, el general EP (r) Roberto Chiabra, exministro de Defensa, opinó que los peruanos “no podemos desmerecer a los comandos”.“La CIDH está cuestionando la estructura orgánica del Perú, pero ¿quién determinó que los comandos sean sentenciados en el fuero militar? La Corte Suprema del país, en un gobierno democrático y legítimo”, dijo con énfasis.Recordó entonces que tanto el teniente Jiménez como el comandante Valer ingresaron a la residencia conscientes de que podían perder la vida, pero igual hicieron su labor por rescatar a los rehenes.Por ello, cuestionó que ahora la CIDH pretenda que el Estado les pida perdón a los emerretistas que tomaron la residencia.“¿Ahora el Estado tiene que humillarse ante los familiares de los que secuestraron al país? ¿Entonces ahora hay que pedirles disculpas, perdón?”, se preguntó Chiabra.Por su parte, el comando Alex Segura, quien tenía 27 años cuando participó en la operación, aseguró que actuó con responsabilidad.“Me siento indignado, traicionado y hasta humillado, porque es fácil dar una apreciación desde afuera, como la del exministro (Francisco) Eguiguren”, indicó.Rechazó que la misión de la operación haya sido acabar con los terroristas. “La misión fue rescatar a los 72 rehenes con vida, bajo el marco irrestricto de los derechos humanos”, manifestó. Karen Barboza / Foto: Giancarlo Ávila