La liberación de dieciséis presuntos colaboradores del narcotráfico y el terrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), detenidos la semana pasada en medio de un gran despliegue policial ha generado un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que “en razón a las pruebas aportadas por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público creemos que esos procesos debían llevarse en la condición de privados de la libertad”.

“Recordemos que se trata de personas que colaboraban con la subversión, colaboraban con información, alimentos y logística y por tanto es fundamental combatirlos”, aseguró el ministro del Interior.

Además, señaló que el gobierno “discrepa” con la decisión adoptada por el Segundo Juzgado Penal de Lima.

En ese sentido, reveló que tanto la procuraduría del Ministerio del Interior como la Fiscalía “han interpuesto la apelación correspondiente” y que espera que se “revoque la medida”.

En la víspera, la jueza Juana Mercedes Caballero García ordenó comparecencia restringida para 16 de los 23 capturados durante un operativo realizado por la Policía y las Fuerzas Armadas el 30 de setiembre pasado.