Nuevas críticas surgen en torno a la Opinión 78/2025, suscitada en Naciones Unidas, que pide excarcelar e indemnizar a Pedro Castillo. El expresidente sentenciado por conspiración para la rebelión contó con la ayuda de su abogado Wilfredo Robles, una figura conocida por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional (PNP), para formular la petición.

Historial

Fue en el 2023 cuando Robles, “respaldado por la organización Red Nacional de Derechos Humanos”, quien pidió al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) una opinión sobre el caso de Castillo. Así lo confirmó el expresidente vía X.

La opinión tardó en llegar, pero resultó favorable al exmandatario. La solicitud, sin embargo, tuvo un origen escandaloso por los antecedentes de su gestor. Robles Rivera pasó más de 10 años en prisión tras ser imputado por terrorismo (1992 – 2004).

“Wilfredo Robles, el ‘camarada Aldo’, fue detenido el 23 de julio de 1992 junto a Jacinto Illanes Bautista y Amador Oré Durán. Ellos formaban una célula terrorista que hizo explosiones, el 22 y 23 de julio (…) son capturados en flagrante delito y se les encuentra dos cargas de dinamita y documentación relacionada a Sendero Luminoso (SL)”, detalló el entonces jefe de la Dircote, Óscar Arriola a Exitosa.

El propio abogado confirmó a la misma emisora que estuvo recluido, antes de perder los papeles y abandonar intempestivamente la entrevista, pero aseguró que fue absuelto tanto en primera como en segunda instancia.

Al respecto, Arriola indicó que “ese es un tema que la historia se encargará de reflejarla a quienes tienen la obligación de impartir justicia”.

Tras su salida, ya en el 2011, apoyó la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de SL, ante la ONPE. Robles confirmó su firma en los planillones, pero negó recordar haberlo hecho. Años más tarde, patrocinaría a procesados por terrorismo en el Caso “Perseo”, “proceso contra miembros de Sendero Luminoso-Movadef”, según la PNP.