La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició las diligencias de la octava investigación contra el vacado expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo por los supuestos sobornos que la empresaria Sada Goray habría entregado a Salatiel Marrufo a pedido del exmandatario.

En esta indagación también están incluidos el ministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como el extitular de Justicia y Derechos Humanos Félix Chero.

Como se recuerda, en su testimonio el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo señaló al equipo especial del Ministerio Público que entregó S/100 mil en la mano al exmandatario. Sumado a ello, Goray reveló que entregó S/4 millones a Marrufo, los cuales iban dirigidos a Castillo Terrones.

La empresaria detalló, en una entrevista dada a El Comercio, que desde el Gobierno la “endulzaron” y la llevaron hacia el proyecto de la vivienda social y del interés que decían tener por solucionar temas pendientes para la población. En ese sentido, mencionó que en una de esas reuniones fue cuando Marrufo le pidió el dinero.

“Me dijo que era un pedido del presidente Castillo, pero después, ya con el tiempo, este señor, que tenía bastante ego, me empezó a contar cosas. Por ejemplo, que eran unas bolsas que tenían que armar y que parte de esa plata era para una planilla para el presidente y sus hermanos”, dijo la empresaria.

Cabe resaltar que el exmandatario también es investigado por el caso Puente Tarata, Anguía, gabinete en la sombra, Petroperú, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y el despido del exministro Mariano González. Además de ello, es investigado por el delito de rebelión y otros tras dar un golpe de Estado.

Prisión preventiva

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo tras el pedido hecho por la Fiscalía, en el marco de la investigación en su contra por los delitos de rebelión y otros tras el golpe de Estado.

Asimismo, para Aníbal Torres, en su condición de asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), se le dictó comparecencia con restricciones. El fiscal supremo Alcides Chinchay señaló que apelarán esta decisión contra el también exprimer ministro, para quien solicitaron prisión preventiva.

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