El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popuar), consideró que el presidente “salió huyendo” al negarse a recibir al grupo parlamentario en Palacio de Gobierno y así evitar dar sus declaraciones en el marco de las investigaciones por el caso Sarratea.

El parlamentario señaló que el grupo que dirige tiene sospechas que los hace presumir que el jefe de Estado habría cometido delitos de corrupción, por lo que cambiaron su calidad a investigado. Además, resaltó que el propio mandatario fue el que pidió declarar este lunes, pero finalmente no cumplió lo acordado.

“He manifestado que en la Comisión de Fiscalización tenemos sospechas graves y elementos de convicción fehacientes que lamentablemente llevan a presumir que existiría responsabilidad del presidente de la República. Es por eso que lo hemos citado en tres oportunidades para que acuda en calidad de testigo”, declaró Ventura en diálogo con RPP.

“Ahora, variando su condición a investigado, el mismo presidente ha solicitado que se reprograme la fecha de su declaración que era para hoy. En consecuencia, lo que ha hecho el presidente es salir huyendo para no atender a la Comisión de Fiscalización, justamente para deslindar responsabilidades”, agregó.

En ese sentido, Ventura dijo que Castillo Terrones no ha tenido un comportamiento adecuado y aseveró que le ha faltado el respeto al Congreso y a toda la ciudadanía.

“Aquí está en tela de juicio la actitud del presidente Pedro Castillo, el comportamiento inadecuado. Fue una falta de respeto total al Congreso de la República y más aun a todos los peruanos porque el mismo presidente había solicitado la reunión para hoy a las 10 a.m.”, manifestó.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Fiscalización acotó que el mandatario Pedro Castillo podría haber cometido una infracción constitucional al negarse a declarar por esta investigación.

“El artículo 97 (de la Constitución) y el artículo 88 del reglamento del Congreso refieren que a todas las investigaciones deben asistir las autoridades, los funcionarios públicos y cualquier ciudadano. Esto será materia de análisis para que posteriormente, en el informe final, podamos remitir esto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, explicó.