Según la resolución de la detención preliminar en contra de los integrantes del llamado ‘gabinete en las sombras’, la persona que constituyó este equipo fue el propio presidente de la República, Pedro Castillo, quien inicialmente lo hizo con personas de su entorno. Así se detalla en los argumentos brindados por el Ministerio Público.

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“La presunta organización criminal estaría liderada por el José Pedro Castillo Terrones , presidente constitucional de la República, quien una vez obtenido los resultados electorales de la primera vuelta, después del 11 de abril, habría constituido la organización criminal ‘gabinete en las sombras’, conjuntamente con Segundo Sánchez Sánchez, Jenin Cabrera Fernández y José Medina Guerrero y otros por identificar, insertando grandiosas sumas de dinero a la campaña electoral”, se detalla en el documento al que accedió Correo.

En esa línea, se indica que, con el apoyo para la segunda vuelta, “se habrían consolidado bases de la corrupción en el poder, dado paso a la segunda fase de copar instituciones públicas, en especial de mayor manejo presupuestal y generar ganancias ilícitas”.

“Luego, se habría integrado Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Vásquez Castillo Gómez, fingiendo ser asesores de la sombra, sin ostentar cargo público, con capacidad de influir ilícita e ilegalmente en las designaciones de los ministros de Estado, funcionarios de alta dirección en instituciones pública”, se destaca.

Luego, se detalla que a la red criminal se integró Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, así como Salatiel Marrufo Alcántara, quienes lograron designar a personas claves en el aparato estatal, entre las instituciones destacan:  el Ministerio de Transporte, Vivienda y Petroperú.

“Para luego acondicionarse de un brazo de protección que sostuviera la permanencia del poder político del Ejecutivo, pues para ello, con la integración de Auner Vásquez se habría consumado el programa criminal, pues habría logrado reclutar y captar parte de los representantes del Poder Legislativo, que blindaría a la organización criminal (...) ante posibles censuras de ministros y mociones de vacancia”, se acota.

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A cambios, los parlamentarios tendrían “el manejo ilegítima e ilegal” en la designación de funcionarios en el Ministerio de Salud, Transporte y Comunicaciones, Comercio Exterior, Mujer, Viceministerio de Educación, Instituto Nacional Penitenciario, Petroperú, entre otras entidades.

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