La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que está evaluando los procedimientos internos de la Universidad César Vallejo (UCV) en la investigación que se sigue por los supuestos plagios cometidos por el presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes.

En un comunicado, la entidad que rige la educación superior informó que ha solicitado información a la casa de estudios y al Ministerio Público a fin de obtener información sobre el caso de la tesis de maestría de la pareja presidencial, la cual fue presentada en Cajamarca en el año 2012.

“Tras evaluar la información presentada, la Sunedu solicitó a la UCV información complementaria dirigida a conocer los resultados de la investigación efectuada al interior de su casa de estudios y la decisión del Consejo Universitario frente a esa investigación, pedido que ha sido respondido por la universidad. Ante ello, la Sunedu solicitó información a la Fiscalía y actualmente está pendiente la respuesta a dicho oficio”, escribió.

El documento agrega que, si bien la revisión de los trabajos de investigación corresponde a las universidades, la Sunedu tiene facultades para “requerir a las universidades información sobre su actuación en estos casos, a fin de determinar si dichas actuaciones se han realizado conforme a su propia normativa y las leyes vigentes.”

En esa línea, la Sunedu recordó que no tiene atribuciones para anular trabajos que contengan plagio, pues esto es responsabilidad de las universidades que otorgan los títulos.

“La Sunedu aclara que no tiene la potestad de retirar los grados o títulos y reitera que quien tiene a su cargo la responsabilidad sobre las investigaciones en torno a un presunto caso de plagio de un trabajo de investigación o tesis; así como sobre su resultado, es la universidad, en el marco de su autonomía, así como otras instancias de protección a los derechos de autor como el Indecopi o el Poder Judicial”, refiere el escrito.

“En ese sentido, la competencia de la Sunedu se delimita a verificar que las autoridades competentes cumplan con la obligación de informar las acciones implementadas y el resultado de las investigaciones frente a dichos actos, pues no tenemos facultades para determinar la existencia de un acto de plagio o ser instancia revisora de las decisiones adoptadas al interior de las casas de estudio”, precisa el pronunciamiento.