El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski señaló hoy, desde la región Ayacucho, que el Ejecutivo viene estudiando el caso del exmandatario Alberto Fujimori, sobre una ley para personas “de cierta condición física” que tienen condena de cárcel. De esta manera, el Jefe de Estado reaccionó así a las declaraciones del congresista Carlos Bruce, quien sostuvo que si dependiera de él, liberaría al padre de Keiko Fujimori.

“Como yo dije el otro día en el Perú debemos voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida. Nosotros estamos estudiando el caso, pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona, eso tiene que ser una legislación general para todas las personas de cierta condición física”, dijo el mandatario en Ayacucho.

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El congresista oficialista, Carlos Bruce, indicó que liberaría a Alberto Fujimori si dependiera de él. “Ya pagó sus culpas, y ya es un hombre de edad”, agregó el legislador a Perú21. Asimismo, el parlamentario de Peruanos por el Kambio expresó que esta es una opinión personal y no de su partido. 

El jueves pasado, Alberto Fujimori se mostró de acuerdo con unas declaraciones que dio PPK durante la ceremonia por el veinte aniversario de la operación militar Chavín de Huántar, que permitió liberar a los secuestrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en Lima.

“El presidente Kuczynski propuso hoy voltear la página. Tiene razón. Los peruanos debemos construir una agenda común con apoyo de todos”, señaló el exmandatario en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

El líder histórico de Fuerza Popular cumple una condena de 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.

Además, el 20 de julio del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a otros siete años y medio de cárcel al ser hallado culpable de peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del estado.

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