Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala se enredan en explicaciones (VIDEO)

A pesar de que el Ejecutivo intentó dar una respuesta sólida a la denuncia de corrupción contra el exasesor presidencial Carlos Moreno, las contradicciones y enredos en los que cayeron los ministros y el Presidente de la República podrían echar por tierra todos sus denodados esfuerzos.

Ayer, casi media hora después de que el premier Fernando Zavala asegurara ante la Comisión de Salud del Congreso que Moreno sí era funcionario público, Pedro Pablo Kuczynski afirmaba todo lo contrario en un evento realizado en el Jockey Plaza.

Este hecho profundizó las suspicacias de la clase política y la opinión pública, pues -el lunes- la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y el presidente del Consejo de Ministros (PCM) protagonizaron una contradicción similar al referirse por su lado al cuestionado consejero.

IDAS Y VUELTAS. La interrogante fue planteada primero en el grupo de trabajo parlamentario, donde el legislador fujimorista Héctor Becerril invocó a Zavala aclarar qué status tenía Moreno dentro de Palacio de Gobierno.

En respuesta, el Premier aseguró a los legisladores que, al ser designado a través de una resolución suprema, el médico tenía rango de funcionario.

“El señor Moreno es consejero, fue designado mediante una resolución suprema, es un funcionario público y si uno revisa los antecedentes, él entra a trabajar en el sector público a través del régimen laboral 276 y entra a la administración pública en 1990”, sostuvo.

Sin embargo, esta explicación fue rebatida por una del propio Kuczynski, quien afirmó en declaraciones a la prensa que Moreno “no es funcionario público” y que “no recibía ninguna remuneración “ de las arcas estatales.

“No, él (Carlos Moreno) no es funcionario público, él no recibía ningún sueldo ni ninguna remuneración en Palacio de Gobierno”, sostuvo el Mandatario tras inaugurar la Exposición Internacional del sector Construcción.

Posteriormente, al ser consultado sobre por qué se le abrió un proceso administrativo al exasesor en vez de denunciarlo penalmente a la Fiscalía, el jefe de Estado aseguró que “no se denuncia antes de saber el detalle” de lo que sucedió.

INTERROGATORIO. Entre tanto, en el hemiciclo Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, el jefe de gabinete -acompañado de la titular de Salud, Patricia García- declaraba que Moreno ostentaba un puesto “ad honorem” gracias a la confianza que le brindó Kuczynski.

Puesto que, según contó, también ocupan los asesores presidenciales Felipe Ortiz de Zevallos y Máximo San Román. Sin embargo, lo que no dijo el Premier fue que en las resoluciones de dichas designaciones se establecen claras diferencias.

En cuanto a Ortiz de Zevallos y San Román, las resoluciones indican que se trata de “consejeros ad honorem”. Mientras que en la de Moreno no se hace tal especificación, pero sí se señala que su nombramiento se da “con retención de su cargo” como médico responsable del servicio de gastroenterología del Hospital Arzobispo Loayza, donde laboró hasta ayer.

Asimismo, a diferencia de sus dos excorreligionarios, para el asesor en temas de salud se establece que “las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo necesario” para el mejor cumplimiento de sus funciones.

RESERVADO. En otro momento, Zavala tuvo que aclarar de dónde llegó el audio que permitió descubrir el “negocio” que pretendía instaurar el médico a expensas del Seguro Integral de Salud (SIS). Ello luego de que la fujimorista Rosa Bartra le solicitara esclarecer “cómo ingresan documentos anónimos a Palacio”

“No es anónimo, quizás se malinterpretaron mis palabras, el audio es de fuente reservada, nosotros apenas recibimos la información sobre el audio comenzamos esos procedimientos para pedir información preliminar y también se iniciaron acciones administrativas y penales”, sostuvo.

El Premier también tuvo que deslindar cualquier vínculo con el exgobierno nacionalista, dado que, de acuerdo a algunas denuncias, Carlos Moreno habría colocado a exfuncionarios de Ollanta Humala en puestos claves del sector.

“No hay favores con el humalismo y no hay ninguna vinculación con el gobierno anterior porque desde el primer día se han iniciado investigaciones en diferentes sectores”, replicó para desmarcarse de los entredichos.

Asimismo, Zavala se comprometió a “revisar” la resolución de cese de funciones del polémico asesor presidencial, pues la naranja Karina Beteta le increpó que en esta se haya “agradecido” por sus servicios a pesar de haber sido acusado de corrupción.

CONTRA LA PARED. A su turno, la ministra Patricia García marcó su posición y aseveró que su despacho luchará frontalmente para desterrar la corrupción enquistada en su sector.

Ello, luego de ser duramente criticada por algunos legisladores, entre ellos el naranja Osías Ramírez, quien le exigió su renuncia y la acusó de no ser idónea para dirigir la cartera.

“Moreno es el peor corrupto y es un aborto de la medicina peruana, lo peor que pudo haber ocurrido a nivel de salud del Perú. Y señora ministra, tenga decencia, por segunda vez le pido la renuncia, lo único que sabe decir es que no tiene plata, pero no tiene gestión, no tiene esa capacidad de gestión”, refirió.

En esta línea, acotó que la ministra “no tiene capacidad científica para desempeñarse a este cargo”.

“Por eso le insto a que renuncie del cargo y se ponga a un médico que verdaderamente trabaje por la salud de los peruanos y por los más pobres”, continuó.

Pese a ello, García aseguró que conformaron una comisión interventora presidida por su sector e integrada por distintos ministerios, la cual se encargará de “identificar la problemática o distorsiones que se presentan en el SIS para la gestión de los recursos públicos y evaluar la normativa vigente vinculada a los aspectos operativos, administrativos y técnicos que utiliza el SIS”.

ANTE EL PLENO. Tras concluir la presentación, la Comisión de Salud acordó solicitar ante el pleno del Congreso que se le otorgue facultades de comisión investigadora para indagar a profundidad el caso.

Con la firma de 10 congresistas se aprobó que de acuerdo al artículo 88 del Reglamento del Congreso, se solicita a la representación nacional el plazo de 90 días para realizar las investigaciones correspondientes.

Los motivos que se explican en la moción de orden del día es que estos hechos en el Seguro Integral de Salud (SIS) ha conllevado a que el Poder Ejecutivo declare en reorganización este organismo adscrito al Ministerio de Salud por 120 días.

Esta situación, dice el escrito, es considerada como una gravedad y por lo tanto solicitan ante la representación nacional que se le otorgue las facultades de comisión investigadora para determinar a los responsables que pudieran existir.