Pedro Castillo se dirigió a decenas de personas. (Foto: Tamara Uriarte)
Pedro Castillo se dirigió a decenas de personas. (Foto: Tamara Uriarte)

Cataclísmicas. Ese podría ser el calificativo para reúnir  las propuestas en materia económica y otras, que aparecen plasmadas en el plan de Gobierno de Perú Libre (PL), partido con el que postula a la presidencia Pedro Castillo Terrones.

El ideario de 77 páginas, de autoría de Vladimir Cerrón, presidente de PL y quien fue sentenciado por el delito de negociación, sostiene que para cambiar la realidad del Perú es necesario plantear “ajustes” en el campo económico, la mayoría, de manera drástica.

Sus iniciativas van desde la estatización de los yacimientos mineros, la revisión de contratos con las transnacionales para revertir el reparto de utilidades, una ley para regular a los medios de comunicación, desactivar el Tribunal Constitucional (TC) e, incluso, que el pueblo elija a los jueces.

economía. Uno de los puntos que más llama la atención tiene que ver con la revisión de los contratos-ley con las transnacionales.

“Esta medida permitirá renegociar la proporción del reparto de utilidades en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el miserable 30%”, refieren.

Agregan que se debe aplicar “impuestos a todas las empresas sin excepción”, pues consideran que no es posible que sean exoneradas de impuestos como la renta, el canon, el sobrecanon, las regalías y los derechos de vigencia, entre otros.

Asimismo, si bien aseguran que la deuda externa debe ser cancelada, antes debe existir una “previa negociación” de las cifras primarias.

También apuntan a que si los yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, entre otros, no aceptan las nuevas condiciones de negociación, no descartan la nacionalización de los mismos.

“En algunos casos, solamente debe recurrirse a la nacionalización y no a la estatización, indemnizando al privado lo invertido”, precisan

CONTROL. Las propuestas del partido de Castillo, se refuerzan en darle el poder al “pueblo” y quitárselo a las autoridades.

En una entrevista, aseguró que de llegar a Palacio de Gobierno, desactivará el TC y que será la ciudadanía la encargada de elegir a los nuevos magistrados de ese organismo.

Precisamente, en un apartado de su plan llamado “Sobre política de justicia”, hace alusión al tema y asegura que deben ser nombrados por mandato popular, así como las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo.

A esto le suma el “suprimir sus privilegios”.

“El Estado les otorga vehículos lujosos, combustible, chofer, mayordomo, bonificaciones y personal de seguridad que debe suprimirse”, precisan.

El ideario también le dedica un capítulo extenso a los medios de comunicación y habla de la necesidad de una ley para regularlos.

“En un Estado democrático, todo está sujeto a ley y no debe confundirse ‘libre mercado’ ni ‘libertad de prensa’ con impunidad”, dicen.

Destacan que la prensa libre es vital para la democracia, pero una “prensa amarilla” es fatal.

Además, se segura que la concentración de medios daña la democracia y la lucha contra la corrupción, pues los medios de los dueños son accionistas hasta con 22% de empresas que se privatizaron.

“Así, controlan el poder económico, mediático, jurídico, político y la opinión social”, asegura el plan  de Cerrón y su propuesta para regular a los medios.

Adicionalmente, dice que debido a que  no existe requisito para “tomar un micrófono”, ello permite que cualquiera se arrogue la profesión y comience su negocio, utilizando como método el chantaje.

“Cuyas víctimas son en primera línea los políticos y luego la democracia”, se lee en la propuesta.

ANÁLISIS. Especialistas consultados por Correo, analizaron las propuestas en materia económica y coinciden en que son inviables.

El exministro de Economía Alfredo Thorne consideró imposible implementar el programa de PL porque no tendrá mayoría en el Congreso.

“No podría implementar casi el 99% de sus propuestas. Me da la impresión de que trata de radicalizar al país, dividirlo, y lo está logrando”, dijo.

Explicó que para la expropiación de empresas del sector privado, el mandatario tiene que ir al Congreso, presentar un proyecto, y que este sea debatido y aprobado.

“En el caso que tenga sus votos y expropie por ejemplo Las Bambas, uno se pregunta ¿qué hace el señor Castilllo con una empresa que produce 400 mil toneladas de cobre?, ¿a quién se la vende?”, apuntó.

Agregó que no solo se trata de expropiar, sino de tener “capital de trabajo”. Y al no tenerlo, los ingresos caen.

Además, aclaró que cada vez que las empresas firman un contrato con el Estado, este no puede desconocerse arbitrariamente porque acudirían a cortes internacionales.

PELIGRO. A su turno, Jorge Carillo, experto en Finanzas,  indicó que la propuesta de Castillo es que el Estado sea un regulador y lamentablemente, “el Estado no ha servido para esa tarea”.

“Propone nacionalizar las empresas estratégicas y eso va a generar ineficiencia, burocracia y probablemente terminemos con una deuda pública enorme”, destacó.

Sobre la nacionalización, el profesor de  la Pacífico Business School dijo que al principio, la idea puede sonar muy bien, sin embargo, recuerda que el Estado como empresario ha sido muy ineficiente.

“Dice que ‘va a generar empleo’, tampoco es que puedan darse 3 millones de empleos de un día para otro.Los que trabajen allí tendrán cierta estabilidad, pero el resto va a tener ineficiencia en los servicios públicos que brinde ese Estado”, resaltó.

Consultado por la propuesta de Castillo para que las transnacionales entreguen el 70% de sus utilidades y se queden con el 30%, respondió: “Muchas empresas se van a ir y otras van a verse sin ningún incentivo para ser empresa. Ni los países más desarrollados te cobran más del 50%”.

En la misma línea, el economista Jorge González Izquierdo consideró que nacionalizar las grandes empresas y entregárselas a los gobiernos regionales, sería una “aberración”.

Cabe precisar que el candidato Castillo se refirió al tema de  manera puntual:  “Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción”.

El economista recordó que los gobiernos regionales ni siquiera son capaces de manejar los recursos que hoy en día tienen a su disposición.

“Hemos visto cómo departamentos como Cajamarca y Huancavelica tienen mucha pobreza y la gente ni siquiera tiene agua y desagüe. Además, hay mucha corrupción, ¿cuántos presidentes regionales están presos y perseguidos?”, sostuvo.

Desde su punto de vista, ese tipo de empresas necesitan de una capacidad profesional muy alta y, de aplicar la propuesta de Castillo, se exponen al riesgo de que las autoridades terminen colocando a sus familiares como gerentes y los amigos en los directorios.

“Nacionalizar esas empresas va a generar que desaparezcan, volverlas no rentables y hacerlas quebrar seguramente”, concluyó.

Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, ideó el plan de gobierno.

¿Y la lucha contra el COVID-19?

Ausencia

En ninguna de las páginas del plan de gobierno de Perú Libre se hace mención a la lucha contra la pandemia del COVID-19, la toma de pruebas moleculares, ni posibles opciones para agilizar la compra de las vacunas. En el debate del  JNE, Castillo dijo que priorizaría la inmunización de manera “universal, masiva, popular y gratuita”.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: Comisión de Economía aprueba dictamen para que privados compren y apliquen vacunas