El caso de la presunta agresión por parte del diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, también se evaluará al interior del Congreso.

Luego que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar contra el funcionario, su colega de la bancada de Renovación Popular (RP), Christian Aranda, lo denunció ante la Comisión de Ética. La queja, sin embargo, tendrá que esperar, pues el grupo de trabajo no ha sido instalado aún.

En curso

La denuncia pide que el diputado de izquierda sea suspendido por 120 días tras considerar que incurrió en una “grave infracción a la ética parlamentaria”. Puntualmente, le atribuye dos hechos: “irrupción, acoso y violencia psicológica” y una “agresión física flagrante en sede policial”; ambos en contra de su expareja, quien reside en el distrito de San Miguel.

La agresión, ya investigada por la Fiscalía Suprema de Familia –a cargo del fiscal supremo Luis Arce–, se suscitó a cuatro días de la juramentación de Pérez como parlamentario por la región Cusco.

Según el recurso presentado por el diputado de RP, el congresista “acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora (…) y, desde las 5:58 a.m., ejecutó un hostigamiento telefónico constante”.

“Al no recibir respuesta, ingresó sin autorización al domicilio (aprovechando la ausencia del padre de la víctima). De acuerdo a los registros de videovigilancia y el testimonio de la agraviada, el legislador irrumpió en su habitación, profirió expresiones ofensivas y realizó ademanes de agresión física, motivando que la víctima solicitara auxilio a la Policía Nacional y al Serenazgo”, añade.

Luego, denuncia una agresión en la comisaría de San Miguel, dependencia policial a la que ambos fueron trasladados tras el primer hecho. “Según el parte oficial y el testimonio de la agraviada, el denunciado propinó manotazos, un fuerte jalón de brazo y una zancadilla a la víctima, amenazándola con la frase: ‘te vas a arrepentir de lo que estás haciendo’. Sobre el particular, el médico legista y el comisario constataron las marcas en los brazos de la agraviada”, señala la acusación parlamentaria.

Además, afirma que el diputado de JP, “ante la flagrancia, (…) se negó a firmar el acta respectiva y alegó, mediante su defensa, supuestas irregularidades”.

Ayer, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, informó que se brinda apoyo psicológico no solo a la denunciante sino también a su familia. “Estamos dando soporte desde el primer día, desde el 30 de julio, a ella y su familia. Somos parte de la asesoría que está pidiendo protección judicial”, sostuvo en RPP.

La funcionaria agregó que si bien “le impusieron una restricción al diputado para que no se acerque (a la denunciante), no han dicho aún por cuantos metros (es el distanciamiento)”.