La Fiscalía pidió ayer 36 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo por ser presunto cabecilla de una organización criminal que operaba desde Palacio de Gobierno.

El requerimiento fiscal también alcanzó a sus exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda), a quienes se les atribuyó ser coautores del delito.

La petición se formuló bajo el sustento de que todos ellos habrían cometido tres delitos durante la gestión de Castillo Terrones.

“El requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, informó ayer la Fiscalía.

El planteamiento fiscal se formalizó solo a días (17 de febrero) de que el Congreso aprobara la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra los tres implicados en los citados delitos.

Fue así que el pleno parlamentario optó por mayoría dejar allanado el camino para que el Ministerio Público formalizara la investigación preparatoria contra los investigados.

Hubo veces en que en el Parlamento se pidió la presencia de Castillo, Silva y Alvarado para que se defiendan de la imputación fiscal, pero solo el expresidente presentó a su abogado.

Los exministros Silva ni Alvarado nunca asistieron a las audiencias. Solo al final el primero quiso acreditar a su defensa, no obstante, no tuvo éxito.

Fueron diversos testimonios y los dichos de colaboradores eficaces los que condujeron a la Fiscalía a poner el ojo en Silva y Alvarado.

Aparentemente, ellos ambos recibido pagos irregulares cuando cumplían sus funciones de ministros de Estado a cambio de licitaciones y obras en sus sectores: Transporte y Vivienda.

Lo cierto es que hasta el momento Silva no se ha presentado ni a la Fiscalía ni al Congreso y se encuentra prófugo de la justicia.

Entre tanto, no es la primera vez que Castillo enfrenta un pedido de prisión preventiva. Hace menos de tres meses afronta una medida similar en el mismo penal en el que se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori.

La madrugada del 16 de diciembre fue trasladado a Barbadillo (Ate) para cumplir la orden preventiva que el Poder judicial le dictó por el delito de rebelión y conspiración por el fallido golpe de Estado.

En detalle, aquel 7 de diciembre del 2022, Castillo Terrones había dado lectura a un Mensaje a la Nación con el que pretendía disolver el Congreso de la República y otras instituciones del aparato estatal. Sin embargo, nadie le hizo caso. Su propósito, luego de esa escena, fue asilarse en la Embajada de México junto a toda su familia mientras se calme la situación, pero solo minutos después fue impedido de hacerlo por la Policía.